Las declaraciones de Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, respecto de la necesidad de un ajuste fiscal para preservar la estabilidad macroeconómica del país no necesariamente significaron un mal augurio.
El argumento puso el tema sobre la mesa y provocó una respuesta concreta del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray: se hizo un anuncio público, más no oficial, de que vendría un recorte al gasto público.
La postura de ambos funcionarios, los mayores responsables de la política económica en México, reafirmó el compromiso del país de mantener fundamentos macroeconómicos sólidos que lo distingan de otros países emergentes.
En un momento en que la turbulencia en los mercados financieros ha sido particularmente severa con las economías emergentes, la deuda soberana de México mantiene su grado de inversión.
En entrevista con Bloomberg, Victor Herrera, director para América Latina de la firma Standard & Poor’s (S&P), dijo que se prevé que México mantenga su nivel actual de BBB+.
Cambios estructurales en las finanzas públicas son citados como las principales razones por las que el país podrá contar con una calificación crediticia que le ha permitido hacer 21 emisiones de deuda en los mercados internacionales a tasas razonables desde el 2013.
Herrera hace referencia directa al fin de los subsidios a la gasolina y a la ampliación de la base fiscal.
La razón de los ingresos petroleros como proporción del presupuesto federal se redujo de 40 por ciento en 2012 a 19 por ciento actualmente.
Esto se debió a una combinación de un incremento de 27 por ciento en los ingresos por impuestos sobre la renta y una caída de 48 por ciento en los ingresos petroleros. El año pasado, el país se convirtió en un importador neto de hidrocarburos.
Ambas condiciones abren la puerta a una nueva realidad fiscal en relación a choques derivados de cambios bruscos en el mercado de crudo.
