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El FMI considera que para capitalizar las reformas estructurales y detonar el crecimiento, el país debe de cuidar sus fundamentos macroeconómicos.
El Gobierno de México pretende reducir paulatinamente su déficit fiscal a 2.5 por ciento del PIB para el año 2018.
Actualmente la cifra se encuentra en 4.2 por ciento del PIB y se espera que el siguiente año se recorte ligeramente a 4 por ciento.
La política apunta a la baja gradual de la deuda pública total, que ronda el 49 por ciento del PIB.
A pesar de que el FMI celebra este objetivo de estabilidad presupuestaria, el Gobierno está financiando su política fiscal expansiva con déficit.
Esto implica un abandono progresivo del estímulo a la demanda del gasto público en caso de que el Estado no cuente con fuentes adicionales de ingresos.
Gracias a los impuestos…
El reporte del FMI señala que la economía nacional se está recuperando gracias, en gran medida, a la expansión del gasto público en infraestructura.
Este año, el Gobierno fue capaz de gastar más de lo previsto, pues recibió mayores ingresos fiscales derivados de impuestos al consumo y a la importación.
Sin embargo, los ingresos y la producción petrolera de México se encuentran a la baja.
Esto implica que si el Gobierno desea impulsar a la economía mediante mayor gasto público deberá financiarlo con más deuda o más ingresos fiscales.
La primera opción se encuentra en conflicto con la meta oficial de reducción del déficit.
Por lo tanto, los estímulos fiscales dependerán en cierta medida de la efectividad de la reforma energética para incrementar la producción y la renta petrolera.
Además, el consenso de los analistas es que el mercado espera que la Reserva Federal de Estados Unidos eleve las tasas de interés para mediados del 2015.
Un alza en los tipos de interés significa un mayor costo de endeudamiento para empresas y gobierno. Analistas consideran que esta coyuntura ejerce presión para el cumplimiento simultáneo de los objetivos de crecimiento y estabilidad fiscal del Estado mexicano.
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