Bitcoin ¿Aliado para la economía de El Salvador? FMI pide reconsiderar

Por su naturaleza especulativa, el alcance de los criptoactivos en una economía debe de estar limitado, algo que no está ocurriendo en El Salvador.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) una vez más advirtió los riesgos asociados a la estabilidad financiera del país centroamericano que estableció desde septiembre de 2021 al Bitcoin como moneda de curso legal.

Los señalamientos ante los riesgos de las medidas adoptadas en El Salvador han sido constantes por parte del organismo internacional, pero ahora parecen retomar mayor fuerza luego de una larga racha en la que el valor del Bitcoin se desplomó desde el precio histórico que alcanzó en diciembre de 2021 con 68 mil 789 dólares.

En ese sentido el FMI hizo un llamado a El Salvador a “reconsiderar sus planes de ampliar la exposición del gobierno a Bitcoin, incluida la emisión de bonos tokenizados”.

Esta opinión emitida por el personal técnico del FMI afirma que aunque los riesgos aún no se materializan -entre los que han señalado impactos negativos a la la estabilidad financiera, la integridad financiera y la protección al consumidor y posibles contingencias fiscales- su uso podría crecer debido a las medidas que está tomando para fomentar el uso de los criptoactivos.

El 7 de septiembre de 2021 El Salvador se convirtió en el primer país en establecer que la criptomoneda privada fuera aceptada como moneda de pago por cualquier comercio y otorgó un bono de 30 dólares en Bitcoins a cada salvadoreño a través de la aplicación Chivo Wallet.

Además, en noviembre de 2021 el Ejecutivo federal anunció la construcción de “Bitcoin City” en la ciudad de Conchagua, en donde se ubica un volcán del que se pretende extraer energía geotérmica para el minado de Bitcoins.

Sin embargo, el uso del Bitcoin como moneda entre la población salvadoreña es aún muy limitado y consideran que la implementación de la Ley Bitcoin no ha generado ningún cambio para la economía de su país.

Durante 2022, 74 de cada 100 salvadoreños no utilizaron el Bitcoin para comprar o pagar, 65 de cada 100 dijeron que el uso de este criptoactivo no significó un cambio para la economía y más de la cuarta parte de la población señalaron que la integración de ésta como moneda de curso legal únicamente había beneficiado a los ricos, de acuerdo con una encuesta elaborada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de ese país.

Una encuesta similar se hizo en agosto de 2021 y en ella 71.2 por ciento los salvadoreños señalaban que no estaban  interesados en utilizar el Bitcoin y en cambio enfocarse en el intercambio del dólar.

Ley de activos digitales

El uso del Bitcoin en El Salvador como moneda de curso legal no es el único elemento de los criptoactivos que se está explorando en este país.

En enero de este año, en la Asamblea Legislativa se aprobó la Ley de Emisión de Activos Digitales que se enfoca en establecer un marco legal para generar certeza jurídica en las transferencias a cualquier título de activos digitales que se utilicen en las emisiones de ofertas públicas en ese país.

Con esta ley también se crea la Agencia Administradora de Fondos Bitcoin y será la encargada de invertir y resguardar los fondos provenientes de las ofertas públicas de activos digitales “que realice el Estado de El Salvador y sus instituciones autónomas y los rendimientos provenientes de dichas ofertas públicas”.

De acuerdo con esta  Ley un activo digital es “una representación digital que puede almacenarse y transferirse electrónicamente, utilizando un sistema de Tecnología de Registro Distribuida, o tecnología similar o análoga, en la cual los registros se encuentran enlazados y cifrados para proteger la seguridad y privacidad de las transacciones”.

Es justamente a este ley a la que se refiere el FMI cuando señala las reformas legislativas que tratan de fomentar el uso de los criptoactivos en el país y por ello recomienda generar “mayor transparencia sobre las transacciones del gobierno en Bitcoin y la situación financiera de la billetera estatal (Chivo), especialmente para evaluar las contingencias fiscales subyacentes y los riesgos de contraparte”.