Avergonzado, pero inocente

La constructora española OHL se encuentra bajo el escrutinio público después de que se filtraran varios audios en Internet donde sus directivos discuten operaciones fraudolentas.

Ante las acusaciones, Juan Miguel Villar Mir, presidente de la empresa, se lavó las manos del escándalo y afirmó que el ahora ex director de relaciones públicas que sale en los vídeos, Pablo Wallentin, es el único responsable.

“Un solo empleado se ha saltado nuestro código. Hay que estar verdaderamente loco para pensar eso de una empresa modélica (como OHL)”, ha declarado ante los medios Villar Mir.

No obstante, las grabaciones hacen referencias directas e indirectas también a José Andrés de Oteyza, presidente del consejo administrativo de OHL México, Jesús Campos, director técnico y Gerardo Fernández, director jurídico.

Villar Mir afirma que todo se trata de “una campaña de difamación y calumnia y las escuchas están manipuladas”.

Mientras tanto, el precio de las acciones de la empresa continúan cayendo ante el temor de los inversionistas.

Además de las investigación que realiza el Gobierno Federal, OHL hizo su propia auditoría a cargo de la consultora Ernst & Young en la que se determinó, hasta el momento, que la empresa no incurrió en algún tipo de irregularidades en la construcción y administración de el Viaducto Bicentenario, la principal obra en torno a la que giran las conversaciones.

Las concesiones que más se han puesto en duda fueron otorgadas por las autoridades del Estado de México cuando Enrique Peña Nieto era el gobernador de la entidad.

Ventaneo telefónico

La primera de las filtraciones realizadas en el portal de vídeos Youtube consiste en nueve llamadas telefónicas entre directivos donde se haba sobre un supuesto fraude para incrementar injustificadamente en 30 por ciento las tarifas que la empresa cobra en la operación de dos carreteras.

El aumento evitaría que las finanzas de la empresa se vieran afectadas por los costos de expansión del viaducto, ya que la concesión de la obra muestra que ésta iba a requerir una inversión de 4 mil millones de pesos (mmdp) pero terminó costando más de 10 mmdp.

En la segunda grabación dada a conocer esta semana se  discute cómo puede la empresa realizar pagos a magistrados sin que se vean reflejados en sus libros corporativos “como siempre” lo han hecho.

“¿Cuánto hay que darle a los magistrados?

-Pues yo creo que una manita, ¿no?”, conversan casualmente Pablo Wallentin y Gerardo Fernández.