Con 100 votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones, el Senado de la República dio el martes un paso en la dirección correcta en cuanto al tema de deuda estatal, al aprobar el dictamen de reforma constitucional en materia de endeudamiento subnacional.
Algunas de las propuestas implícitas de la reforma son evitar casos como el de Coahuila, en donde se falsificaron datos para esconder el endeudamiento del estado.
Bajo la nueva ley, los gobiernos estatales y municipales deberán entregar cada tres meses un reporte al Congreso de la Unión sobre sus pasivos, los pormenores del préstamo y el fin último de este.
Para todo ello, se establecerá un registro único y público de deuda, así como un sistema de alertas tempranas.
De acuerdo a la iniciativa de reforma, también se establece que los servidores públicos serán responsables del manejo indebido de recursos y deuda pública.
El Senado también podrá sancionar y objetar estrategias dudosas para fortalecer las finanzas públicas de estados con niveles elevados de deuda.
Hacienda los felicita
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público avaló la decisión del Senado. En un comunicado enviado en la tarde del martes, la dependencia a cargo de Luis Videgaray felicitó al poder legislativo por aprobar la reforma.
“La reforma constitucional constituye un avance significativo en el fortalecimiento de las finanzas públicas de las Entidades Federativas y de los Municipios”, mencionó Hacienda en el comunicado.
Sin embargo, este es apenas un “primer paso alentador”, pues se considerará completa solo una vez que la Cámara de Diputados también la apruebe.
En la Cámara Baja es donde se esperarían más cambios sustantivos que podrían terminar por diluir el poder del gobierno federal para controlar a las entidades estatales y municipales.
Como en cualquier reforma de esta índole, lo importante está en el detalle, por ejemplo, en la definición de un estado con “nivel elevado” de endeudamiento, así como la diferencia entre niveles sostenibles de deuda y desfalco de recursos.
Otros argumentan que las condiciones son difíciles e imprácticas de cumplir, al considerar que la deuda de corto plazo normalmente se reestructura sin contratiempos.
Una cosa es cierta, al menos en los siguientes procesos legislativos, los actuales dueños de la tarjeta de crédito, los gobernadores y alcaldes, pondrán presión para que no les corten su línea de crédito.
