Andrés Manuel López Obrador comienza a mover sus fichas. La jugada clave hasta ahora fue el anuncio de los 50 lineamientos del plan anticorrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana con la cual busca generar ahorros para impulsar el desarrollo del país.
“Una política de austeridad no sólo es buena, también era necesaria, pero su viabilidad dependerá de cómo se ejecute”
Fiel a su promesa de campaña, el político tabasqueño comenzó a “barrer de arriba para abajo”. Para poner el ejemplo anunció que su salario como presidente será menos de la mitad de lo que percibe el actual jefe del Ejecutivo.
López Obrador ganará 108 mil pesos mensuales de los 270 mil que recibe el presidente Enrique Peña Nieto, es decir que el morenista ganará sólo 40 del sueldo establecido, de acuerdo con cifras difundidas por su equipo de transición.
108 mil
AMLO prometió que esta transformación será “radical, pero pacífica” y para garantizar un piso parejo de salarios enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional, con el objetivo de que ningún funcionario gane más que él al convertirse en presidente.
La medida también contempla un recorte del 70 por ciento en el personal de confianza, eliminar los bonos para los empleados, limitar las cuentas de gastos y comprar vehículos usados en lugar de nuevos.
La política de austeridad cerrará las brechas que hay entre el gobierno y los ciudadanos
Además, se reducirán a la mitad todos los sueldos de altos funcionarios públicos que ganen más de un millón de pesos anuales, nadie podrá utilizar aviones y helicópteros privados, y se cerrará la llave en 50 por ciento al gasto de publicidad oficial.
El plan de austeridad fue bien recibido por diversos especialistas y sectores de la población, aunque aún existen dudas sobre cómo se implementará y cuáles fueron los criterios para sustentarlo, pues la hoja de ruta de los 50 puntos sólo expone los qué, pero no los cómo.
“En la acción, el próximo gobierno tendrá que defender que la medida cuenta con una estructura sólida y que no son sólo ocurrencias”
Un país más igualitario
Conseguir recursos para programas sociales no es el único fin que persigue el virtual presidente electo con la política de austeridad, coinciden especialistas.
Carlos Jiménez, profesor investigador de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, manifiesta que la administración entrante quiere acabar con el statu quo que se ha mantenido durante sexenios anteriores, con el objetivo de ayudar a cerrar las brechas que hay entre el gobierno y los ciudadanos.
“Hay una distancia social muy grande. El gobernante se ha olvidado de la condición de vida de sus gobernados y con este plan se está dando un mensaje de justicia social”
De los 127.5 millones de habitantes en México, 53.4 millones se encuentran en situación de pobreza y marginalidad, de acuerdo con el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
1.5
Jiménez opina que también es positiva la venta de la flotilla de aviones y helicópteros del Gobierno federal, la devolución del predio ocupado por la residencia oficial de Los Pinos y la prohibición de cerrar calles y avenidas por orden de algún funcionario, ya que esto ayudará a mejorar la imagen del poder ejecutivo y lo hará más cercano con los mexicanos.
Procesos más transparentes
Otro de los puntos que ha recibido la aceptación de los analistas es las compras de gobierno, las cuales se prevé que se realicen mediante una convocatoria, bajo observación ciudadana y con apoyo de la oficina de transparencia de la ONU.
Respecto a este apartado, Héctor Villarreal, del CIEP, se muestra optimista aunque reconoce que será complicado que esto se pueda lograr en el corto plazo.
“Vamos a tener que tener paciencia, es una gran idea pero hay que entender que un proceso como el que están proponiendo puede llevarse una cantidad considerable de tiempo y tal vez esto hará que algunas personas piensen que no se está dando un cambio como se prometió”, comparte el director general del CIEP.
Un pendiente que deberá atender el equipo de AMLO es mejorar las condiciones de los sistemas de contrataciones públicas, ya que 71 por ciento de las adquisiciones más grandes del gobierno de 2012 a 2017 fueron celebradas a través de contratos de adjudicación directa, de acuerdo con una investigación realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Con la finalidad de transparentar los recursos y mejorar la rendición de cuentas en México, Raymundo Tenorio, quien también es cofundador del Centro de Estudios Interdisciplinarios y Prospectiva (CEIP), propone la creación del Fondo Nacional de Austeridad Republicana y de Combate a la Corrupción.
“La idea es que en el fondo se depositen todos los recursos que se ahorrarán y desde ahí se administren. Esto ayudará a garantizarle a los mexicanos que el dinero se utilizará para lo que se les prometió”.
Los puntos en contra
Una de las medidas que más ruido ha generado es la reducción en un 70 por ciento del personal de confianza.
Carlos Jiménez, profesor investigador de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, externa su preocupación al no saber cuáles fueron los criterios que el equipo de Andrés Manuel López Obrador tomó para determinar ese porcentaje de plazas.
Especialistas coinciden en que el plan de austeridad debe ejecutarse de manera ordenada, de lo contrario se corre el riesgo de afectar la operación de la administración pública federal
Además, agrega, al realizar este recorte de funcionarios el político tabasqueño se enfrentará a la resistencia de la alta burocracia que permanecerá en la administración pública federal, ya que los salarios que se disminuirán son de altos funcionarios, no de burócratas medios.
No obstante, el académico expone que esto podría dar pie a actos de corrupción, ya que en un intento por mantener su estilo de vida algunos trabajadores podrían incurrir en prácticas ilegales.
“Si el proceso no se realiza de manera ordena puede generar un desequilibrio al interior del Gobierno federal”, comenta Jiménez.
70
Por su parte, Raymundo Tenorio, analista económico del Tecnológico de Monterrey, percibe como una revancha de López Obrador la salida de funcionarios capacitados que se prepararon y especializaron durante años para alcanzar un puesto directivo.
“Es una pérdida de capital humano muy importante, debido a que el nuevo personal se enfrentará a una curva de aprendizaje muy honda”, añade Tenorio.
Austeridad insuficiente
Con la reducción de los salarios a funcionarios públicos se obtendrán recursos para programas sociales, que ayudarán a jóvenes que no estudian ni trabajan y adultos mayores. De manera anual, los jóvenes beneficiados recibirán 43 mil 200 pesos al año, mientras que los adultos mayores 18 mil pesos, revelan datos del organismo Gesoc.
Sin embargo, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) asegura que esto costará al erario público cerca de 500 mil millones de pesos, es decir, 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
43 mil 200
En conferencia de prensa, Fernando López Macari, presidente nacional del IMEF, aseguró que el recorte de los sueldos será insuficiente, ya que sólo generará ahorros por 5 mil millones de pesos.
“¿De dónde va a salir el dinero que hace falta”, cuestionó durante el encuentro con medios.
El IMEF prevé que el programa de becas para jóvenes tendrá un costo de 0.8 por ciento al PIB, mientras que el aumento en la pensión para los adultos mayores 0.7 por ciento.
Por su parte, Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) manifiesta que un elemento que también preocupa en la implementación de esta política de austeridad republicana es que el virtual presidente electo tendrá ventaja en el Congreso y sin un contrapeso que cuestione sus decisiones se corre el riesgo de una concentración de poder.
“Una mayoría legislativa le va a permitir hacer todo rápido, pero la legitimidad de un gobierno es mayor cuando se ve en la necesidad de convencer con sus argumentos que sus decisiones son correctas”
