Al rescate de Pemex

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha intervenido directamente para sacar a Pemex de la peor crisis en su historia.

A pesar de que el gobierno se encuentra en medio de un programa de austeridad en el que se recortará el gasto público en 307 mil millones de pesos para el 2016 y el 2017,  Pemex recibirá 73.5 mil millones de pesos para hacer frente a su urgente problema de liquidez.

El deterioro de la firma energética mexicana, que por muchos años sostuvo a las finanzas públicas del país, se debe a que el precio del petróleo ha caído más de 50 por ciento desde junio del 2014.

Esto se conjugó con la tendencia a la baja que ha seguido la producción de petróleo en México en la última década y con el empeoramiento de las condiciones adversas del entorno financiero.

Al cierre del 2015, Pemex duplicó sus pérdidas anualizadas, las cuáles llegaron a 30 mil millones de dólares.  Además, la firma cuenta con una deuda total de 180 mil millones de dólares y se enfrenta a la apertura del sector energético mexicano.

El 8 de febrero, el presidente Enrique Peña Nieto anunció el nombramiento de José Antonio González Anaya, exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social, como nuevo director de Pemex.

Dado el perfil de González Anaya, orientado a la austeridad y al recorte de costos, se vislumbró una idea de cuál sería el futuro de Pemex. Una semana después del nombramiento, la SHCP anunció un plan en el que se recortarían 100 mil millones de pesos del gasto de la empresa estatal.

La decisión se tomó después de que, entre mediados de diciembre y mediados de febrero,  la prima de riesgo de Pemex se elevó en alrededor de 200 puntos base.

Más allá de la viabilidad de Pemex, una empresa emblema del Estado mexicano y que en los últimos cinco años financió en promedio el 29 por ciento del presupuesto del sector público, está en juego la viabilidad financiera del gobierno de México.

Las primas de riesgos de los bonos soberanos de México y de los bonos de Pemex están altamente correlacionados, por lo que se mueven de manera casi paralela. El deterioro de Pemex generó una percepción de que la estabilidad macroeconómica que ha caracterizado a México en los últimos años se puso en riesgo.

La muestra más significativa de ello la dio la calificadora crediticia Moody’s, la cual rebajó la perspectiva de la calificación de deuda de México desde estable a negativa. El argumento central fue la carga financiera que podría representar un rescate  de Pemex para la salud de las finanzas públicas. 

Hay solvencia, no hay liquidez

En la primera aparición de González Anaya frente a analistas de mercado, la dirección de Pemex hizo énfasis en que la empresa se enfrenta a un problema de liquidez, pero es solvente en el largo plazo.

Este argumento representa la base de las medidas de apoyo a Pemex determinadas por la Secretaría de Hacienda.

Los 73.5 mil millones de pesos que se otorgarán a Pemex se derivan de dos operaciones: una aportación patrimonial de 26.5 mil millones de pesos y un intercambio de títulos del gobierno federal que aumentará la liquidez de la empresa en 47 mil millones de pesos para el pago a jubilados y pensionados en 2016.

Ésta última obedece a la renegociación del pasivo laboral que efectuó Pemex recientemente. 

Un artículo transitorio de la reforma energética aprobada en 2014 dicta que el gobierno federal podrá asumir una proporción de estas obligaciones, siempre y cuando la empresa llegue a un acuerdo para modificar el contrato colectivo que se reflejé en reducciones significativas en el mediano plazo.

Salvavidas condicionado

Sin embargo, estos recursos están acompañados de condicionamientos impuestos por el Gobierno. Pemex deberá reducir su pasivo de corto plazo y su deuda con proveedores en la misma cantidad recibida por el gobierno federal, es decir 73.5 mil millones de pesos.

El comunicado de la SHCP establece que Pemex mantendrá el ajuste al gasto de 100 mil millones de pesos, el cual ya fue aprobado por el Consejo de Administración de la empresa.

Adicionalmente, Pemex está obligada a generar mecanismos para registrar y gestionar el resto de su pasivo de tal modo que puedan asegurarse niveles sostenibles de deuda en el largo plazo.

Por otra parte, el Gobierno federal dijo que el régimen fiscal de Pemex se encuentra en un proceso de modificación.

 Si bien por el momento no se pretende quitarle a la empresa la pesada carga tributaria que le resta competitividad, la SHCP está cambiando el esquema de deducciones de Pemex con el fin de liberar presiones de liquidez.

La intervención de la SHCP en Pemex fue posible gracias al efecto del remanente de operación que obtuvo de parte del Banco de México, el cual fue de 239 mil millones de pesos.

Éste actuó como contrapeso a las medidas de rescate, por lo que  las autoridades fiscales estiman que se tendrá una mejora neta en los niveles de deuda pública respecto a lo aprobado para el actual ejercicio fiscal.