La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dio a conocer ayer a través del Diario Oficial de la Federación una investigación en el mercado de transporte aéreo por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas.
Esto significa que las autoridades cuentan con la información suficiente como para sospechar que las aerolíneas mexicanas están coludidas y manipulan el mercado para su beneficio.
Esto podría haber permitido que las empresas abusaran de los consumidores estableciendo precios más altos sin tener si quiera que ofrecer un buen servicio.
La autoridad tiene un plazo de entre 30 y 120 días hábiles contados a partir del 3 de febrero pasado, periodo que podría ser ampliado hasta cuatro veces, para publicar sus hallazgos y tomar las medidas necesarias.
En caso de que se compruebe una práctica monopólica absoluta, las aerolíneas podrían ser sancionadas con multas que equivalen al 10 por ciento de sus ingresos económicos. Por su parte, los directivos involucrados podrían ser inhabilitados por 5 años, pagar multas de hasta 200 mil veces el salario mínimo e incluso recibir una condena en prisión de entre 5 y 10 años.
“La Cofece precisa que el acuerdo sólo se refiere al inicio de un procedimiento indagatorio, sin que se hayan identificado a este momento en definitiva actos que, en su caso, puedan constituir una violación a la (ley)”, explicó la comisión mediante un comunicado de prensa.
Aunque a la fecha no se puede afirmar que las aerolíneas mexicanas hayan realizado prácticas monopólicas, lo que sí es un hecho es que llevan años operando de manera ineficiente.
Actualmente, el mercado mexicano está encabezado por Aeroméxico, la mayor aerolínea del país, y las dos operadoras de bajo costo Interjet y Volaris.
Mercado estancado
La industria aérea ha ganado mala fama entre los mexicanos debido a sus costos elevados y mal servicio.
Parte de este problema se debe a que las aerolíneas son protegidas por el Gobierno que cierra las puertas a la competencia internacional.
De acuerdo con la propia Secretaría de Comunicaciones y Transporte, sólo el 5 por ciento de los 120 millones de mexicanos utiliza el transporte aéreo, mientras que en Estados Unidos, donde se encuentra el mayor mercado de este tipo en el mundo, es de 55 por ciento.
Parte del problema es que no existe una verdadera oferta aérea en el país. Entre el 2003 y el 2013 esta industria creció a una tasa media anual de 1 por ciento.
Asimismo, mientras que México cuenta con 318 aeronaves para uso comercial, el país de vecino tiene alrededor de 7 mil.
Esta gran diferencia es la que le preocupa a las empresas nacionales cuando se propone algún cambio a la ley que permita la entrada de competencia estadounidense.
La mejor solución
Los problemas de la industria aérea no se pueden negar, pero encontrar una solución puede ser complicado.
La competencia suele traer beneficios para los consumidores. Entre más empresas, más es la presión por satisfacer a los clientes para que no se vayan con el rival.
Es por esto que, sobre todo desde el año pasado, existen varias propuestas para realizar un acuerdo bilateral con Estados Unidos que permita una política de cielos abiertos.
Actualmente, la operación de aerolíneas extranjeras en México está sujeta a una gran cantidad de requisitos legales que representan un costo adicional. Con la adoptación de una política de cielos abiertos, los estadounidenses podrían operar en igualdad de circunstancias contra las empresas mexicanas.
Críticos de la medida afirman que con esto se acabaría la industria nacional porque no se encuentra en igualdad de circunstancias para competir.
Pero este tipo de proteccionismo perjudica más a la industria. De acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, México, Brasil y Colombia se encuentran entre los países de latinoamérica que tienen un marco legal alejados de los estándares internacionales.
No obstante, el año pasado surgieron protestas en torno a una posible negociación entre México y Estados Unidos para establecer una relación de cielos abiertos. Después de varios meses en los que el Gobierno sugirió que esto sería una realidad, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte negó cualquier tipo de arreglo ante la presión de empresas y sindicatos.
Mientras tanto, lo más perjudicados siguen siendo los consumidores.