Joan Laporta, presidente del FC Barcelona fue imputado por el juez, Joaquín Aguirre por los pagos a Negreira entre el 2003 y 2010, años en los que se consideró al equipo como el mejor del mundo y posiblemente de la historia.
Otros imputados son los expresidentes del club, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, por su parte el magistrado aseguró que la prescripción de esto debe aplicarse de manera diferente. una nueva interpetración da pie a la investigación y juicio en el periodo referente al 2008. Por ello Joan Laporta será investigado por los pagos realizados por el Barcelona a Negreira durante esa etapa en el club.
Prescripción de diez años desde el último pago realizado
El juez recordó en su escrito que los hechos investigados pueden constituir, entre otros, un delito de coecho continuado, por lo que, de acuerdo con el Código Penal, el plazo de prescripción es de diez años desde el día que la infracción penal se dio o cesó la conducta delictiva, julio 2018, fecha del último pago a Negreira y su hijo.
Según los cálculos del magistrado, a los presidentes y directivos del Barcelona debe aplicarse el plazo de diez años de prescripción y contar desde el 17 de julio de 2018, tomando que la pena a imponer son seis a siete años y medio por ser un delito continuado de cohecho.
Eso abarca los pagos que se dieron desde julio de 2008 a 2010, donde Laporta encabezaba el equipo que precedió Sandro Rosell. En el caso Negreira y su hijo, los hechos imputables alcanzarían hasta el mes de junio de 2003, dado que son funcionarios públicos y se exponen a efectos penales, supera los diez años de inhabilitación.
Hasta ahora no se han dado indicios de que los pagos a Enríquez Negreira fueran para favorecer al Barcelona a través del arbitraje, pero el juez cree que por esos actos…
“tuvieron por fuerza que beneficiar al FC Barcelona en detrimento del resto de clubes de la Liga de Primera División o de sus rivales en la Copa del Rey”.
Esos distintos pagos, en opinión del juez, quedarían subsumidos en el delito de cohecho continuado que, recuerda, “favorece” al investigado dado que la pena a que se expone es menor de la que se derivaría de la suma aritmética de distintos delitos de cohecho individuales.
