Con el fin de impulsar la llegada de inversiones a la entidad, el Gobierno de Nuevo León otorgará facilidades administrativas a las empresas del sector de electromovilidad que inviertan en actividades productivas.
En el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado miércoles 6 de septiembre, se establece que estas facilidades administrativas consistirán en reducciones en el pago del Impuesto sobre Nóminas (ISN).
Las empresas armadoras conocidas como OEM (Original Equipment Manufacturer) recibirán una reducción del 95 por ciento en el pago del ISN.
Para los proveedores directos (TIER 1) de software, hardware o infraestructura y servicios tecnológicos, el descuento será de 70 por ciento.
A los proveedores directos (TIER 1) de autopartes y servicios no tecnológicos se les asignó un descuento del 50 por ciento.
Finalmente, los proveedores indirectos (TIER 2 y 3), recibirán un descuento del 30 por ciento en el pago del ISN.
Inversiones activas y generación de empleos
Para poder acceder a las facilidades, las empresas deberán tener una inversión activa en el sector de electromovilidad registrada en Nuevo León de por lo menos 150 millones de dólares, y generar cuando menos 350 empleos directos.
En el Acuerdo se indica que según el “Estudio sobre el impacto socioeconómico de la inversión nacional e internacional”, financiado por el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica y realizado por Centro de investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por cada cien millones de pesos que se invierten en la entidad, se genera una expansión de 70.7 millones de pesos de valor agregado, 82 empleos y 15.5 millones de pesos por concepto de ingreso laboral.
Igualmente, un incremento sostenido de la inversión en Nuevo León de 10 por ciento genera una ganancia de 1.3 por ciento en el nivel de producción y de 6.3 por ciento en las exportaciones.
El Acuerdo de Facilidades Administrativas en Materia de Inversión en el Sector de Electromovilidad, cuya vigencia vencerá el 31 de diciembre de 2023, está firmado por el secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos Garza Ibarra, y por el secretario de Economía, Iván Rivas Rodríguez.
