Por: Sofía de Llano, asociada Hogan Lovells Medio Ambiente y Recursos Naturales y
Mauricio Llamas, socio Hogan Lovells líder de las prácticas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Comercio Exterior
La industria minera en México enfrenta escenarios cada vez más restrictivos, impulsados por una serie de reformas que buscan transformar el sector. Este proceso comenzó con la reforma estructural de mayo de 2023 y tomará una nueva escala con la reciente propuesta de reforma constitucional aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el 14 de agosto.
La reforma de mayo de 2023 introdujo cambios profundos: prohibición de concesiones en Áreas Naturales Protegidas y zonas de riesgo poblacional; reducción de la vigencia de concesiones de 50 a 30 años; eliminación de concesiones para exploración; implementación de procesos de licitación para la obtención de concesiones; obligación de realizar evaluaciones de impacto social; y nuevas cargas económicas y administrativas, como contraprestaciones a las comunidades afectadas y planes de cierre de minas.
La propuesta de reforma constitucional busca limitar aún más la actividad minera. Entre los cambios propuestos se incluyen la prohibición de la minería a cielo abierto y la fracturación hidráulica conocida como fracking, así como limitaciones a la explotación de agua en zonas con baja disponibilidad. Estas propuestas forman parte de un paquete más amplio presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero y aún requieren la aprobación de dos tercios de ambas cámaras del Congreso, así como la mayoría de los congresos locales. Sin embargo, se anticipa que podrían presentar menos oposición que otras propuestas de mayor polémica y por tanto ser aprobadas.
Según la Cámara Minera de México (CAMIMEX), la minería representó el 2.5% del PIB nacional en 2022 y generó más de 379,000 empleos directos. Una prohibición total de la minería a cielo abierto afectaría significativamente estos números, considerando que un alto porcentaje de la producción minera en México proviene de este tipo de operaciones.
Estrategias que promuevan prácticas sostenibles en la minería
Desde el punto de vista legal, las reformas podrían desencadenar complejos litigios. Las empresas con concesiones vigentes probablemente argumentarán la violación de sus derechos adquiridos, lo que podría derivar en demandas ante tribunales nacionales y foros de arbitraje internacional por posibles violaciones de tratados internacionales de inversión. La interpretación de la cláusula de excepción para proyectos estratégicos también podría generar disputas, requiriendo criterios claros y transparentes.
Además, la posible responsabilidad del Estado por el entorpecimiento de la actividad económica podría resultar en demandas de compensación, con empresas argumentando que las prohibiciones equivalen a una limitación injusta de sus operaciones. Económicamente, se anticipa un impacto significativo en la inversión extranjera directa en el sector, así como posibles repercusiones en el empleo, tanto directo como indirecto, en las regiones donde la minería es una actividad económica clave.
Aunque la prohibición podría tener beneficios ambientales, como la reducción de la deforestación, la contaminación del agua y la pérdida de biodiversidad, una prohibición total sin alternativas viables podría tener consecuencias socioeconómicas severas para las comunidades mineras. El desafío radica en desarrollar estrategias que promuevan prácticas mineras sostenibles, la diversificación económica y una transición justa para inversionistas, trabajadores y comunidades afectadas.
Este es un momento crucial para la minería en México, que requiere un diálogo constructivo entre el gobierno, la industria, las comunidades y los expertos, con el objetivo de equilibrar la protección ambiental y social, el desarrollo económico y el cumplimiento legal. Es esencial que los cambios en la legislación minera se realicen de manera integral y congruente. El desenlace de este proceso legislativo tendrá profundas implicaciones no solo para el futuro de la minería, sino también para el desarrollo sostenible y la actividad comercial en México en su conjunto.
