La Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dieron a conocer que desaprueban el laudo emitido de manera no unánime por un tribunal internacional administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a favor de la empresa Odyssey Marine Exploration.
Mediante un comunicado, se anunció que el gobierno mexicano iniciará un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes, luego de que tras ocho años de proceso legal, el martes pasado se emitió el laudo que obliga a México a pagar una indemnización de 37.1 millones de dólares.
La causa de la sentencia se debe a que el gobierno mexicano negó el permiso para el proyecto de dragado marino en Baja California Sur (BCS). Esta cifra representa alrededor del 1.18% del monto que la empresa originalmente reclamó en el arbitraje.
¿Qué demanda a Odyssey a México?
Entre 2016 y 2018, la Semarnat rechazó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”, por lo que la empresa Odyssey inició un arbitraje internacional en contra de México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
De acuerdo con el gobierno mexicano, durante el proceso legal se demostró que Odyssey Marine no contaba con las capacidades necesarias para realizar dicha labor de minería marítima.
La obra cuya sede sería el Golfo de Ulloa, entre cuyos socios se encontraban Diego Fernández de Cevallos y Alonso Ancira, por eso era conocido como “Don Diego”, el cual consistía en un dragado marino, a una distancia de 22 mil 224 metros del punto más cercano a la costa en un área de 61 mil 989.2 hectáreas.
Este objetivo tenía por objetivo extraer 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales durante los próximos 50 años para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas para su transporte.
Al realizarse un proceso de arbitraje, México demostró que el proyecto afectaba un lugar ecológicamente sensible en el que habita la tortuga caguama, ballenas gris y azul, y lobos marinos, entre otros.
De igual forma, las autoridades aportaron evidencia que demostraba la falta de experiencia de la empresa en el sector minero, ya que su actividad principal es la búsqueda de tesoros marinos. Sin contar que las técnicas de dragado marino que Odyssey quería implementar no habían sido puestas en práctica en ningún lugar en el mundo.
Gobierno mexicano dará la batalla
Las dependencias federales de México expresaron su desacuerdo con la sentencia, puesto que presuntamente el tribunal otorgó un peso desproporcionado a las declaraciones de dos exdirectivos de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, quienes testificaron que la negación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se debió a razones políticas en lugar de científicas.
Por su parte, la defensa de México alegó que ambos testigos tenían conflictos de interés, dado que recibieron pagos significativos por su testimonio. A pesar de esta información, la mayoría del tribunal no consideró estos factores en su resolución.
Uno de los árbitros disidentes criticó abiertamente la decisión, afirmando que las preocupaciones ambientales legítimas de México fueron “ignoradas deliberadamente” y calificó el laudo como “inédito e inquietante”.
En respuesta a las deficiencias señaladas en la resolución, la Secretaría de Economía anunció su intención de iniciar un juicio de anulación que utilizará todos los medios de defensa disponibles para proteger su posición.
El gobierno reafirmó su compromiso de no permitir que proyectos que beneficien a grupos minoritarios afecten los recursos naturales del país y subrayó su intención de defender su soberanía en beneficio de todos los mexicanos.
Ambas dependencias informaron que el laudo será publicado en las próximas fechas en la página del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
