Es mitad de año y hay que ir sumándole un nuevo fracaso al gobierno que encabeza Jaime Rodríguez.

El plan para reclutar a mil policías este año, con el que chantajeó “El Bronco” para que los diputados le autorizaran el presupuesto con nuevos impuestos, no será cumplido por la administración estatal.

¿Cuántos policías lleva reclutados en el primer semestre la Secretaría de Seguridad Pública del estado?

¿600? ¿500? ¿Quizás 300?

No, en los próximos días apenas se graduará la primera generación de 100 policías de la Universidad de Ciencias de la Seguridad este año.

Vaya problema en el que está metido el secretario de Educación de Nuevo León,  Arturo Estrada.

Resulta que Raúl Mario Valdez Chavira, alias “El Flaco”, detenido la semana pasada acusado de violación, trabajó en la Unidad Pedagógica Nacional.

O al menos podía ingresar al plantel administrado por el Estado sin problemas.

El presunto violador de una estilista en Guadalupe fue contratado por el director de la UPN, Mario Guerrero, y durante el tiempo en que estuvo laborando fue denunciado por alumnas y personal docente por hostigamiento sexual.

Es cierto: el Fiscal Anticorrupción del Estado, Ernesto Canales, no puede presumir haber metido a la cárcel a uno de tantos medinistas que trae acusados penalmente.

Lo más que ha podido hacer Canales es encarcelar  por unas horas tanto al exgobernador Rodrigo Medina como a sus subsecretarios de egresos, quienes siguen sus procesos en libertad actualmente.

El gobernador Jaime Rodríguez no necesita vetar o presentar una acción de inconstitucionalidad para tumbar la nueva Ley Estatal Anticorrupción, aprobada anoche en el Congreso del Estado.

Lo único que necesita el mandatario para boicotear el Sistema Estatal Anticorrupción es no asignarle recursos para su operación este año, en caso de que se logre instalar o en el 2018.

Es un debate histórico. No es de ahora, sino tiene muchos años. Y no sólo en México, sino en el mundo.

Las reformas aprobadas por los diputados al artículo 17 del Código Penal reviven esta discusión sobre los límites que deben de existir para la legítima defensa que tiene un ciudadano cuando se supone está en riesgo su integridad.

Que quede claro: por supuesto que cualquier persona tiene el derecho de defenderse incluso de utilizar la violencia letal cuando está en peligro su integridad.