Margarita Arellanes, la alcaldesa electa de Monterrey, presentó el martes a su equipo de transición que trabajará con el alcalde en funciones Jaime Bazaldúa.

Rafael Serna, Gregorio Hurtado, Benancio Aguirre y Adriana García, son los designados por Arellanes para coordinar estos trabajos relacionados con el cambio de poderes en el municipio regio.

Serna estará dedicado a revisar las finanzas municipales de Monterrey, pero el señor muy listo no dejará de cobrar en el municipio de San Pedro como tesorero municipal.

Una administración estatal contaminada por escándalos de corrupción, un gobierno sin control ni mando, inestabilidad política tras una debacle electoral, quiebra en las finanzas estatales y deuda sin precedentes. ¿Le recuerda algo?

No estamos hablando de las condiciones actuales que imperan en la administración del gobernador Rodrigo Medina.

Nos referimos al panorama de Nuevo León en los meses que precedieron a la abrupta salida de la gubernatura de Sócrates Rizzo hace 16 años.

El atentado del domingo en San Pedro contra la sucursal Sierra Madre del periódico El Norte tiene varias lecturas.

Por un lado está la lógica, desde hace tres semanas arrojaron granadas a las sucursales de La Silla y de la Linda Vista.

Y que entonces ahora fueron por la de San Pedro.

Pero hay quien dice que meterse a ese municipio, que es el único bastión de los Beltrán Leyva en el área metropolitana, realmente no sería una acción que se la aviente fácilmente otro grupo criminal.

En un mes se cumplirá un año de la tragedia del casino Royale, sin duda el mayor atentado que ha perpetrado el narcotráfico en contra de personas inocentes en México.

¿Qué estarán preparando las autoridades del Estado y las federales para contrarrestar el aluvión de críticas y señalamientos que se les avecinan?

Y es que algo tendrán qué hacer, porque a un año de este episodio la impunidad y la indiferencia es lo que ha prevalecido en la investigación de estos hechos violentos.

La denuncia penal presentada en contra del juez federal Luis Armando Jerezano, por parte del casinero Arturo Cardona Calderón, empieza a salpicar a más personajes.

El Notario Público 35, Ricardo Efraín Vargas Güemes, sostiene que el empresario acudió  voluntariamente a su oficina para  protocolizar  el acta de asamblea donde transmitía sus acciones.

El fedatario, a través de su abogado Samuel Rubio, afirma que no existió en esta operación que él certificó, ninguna presión para que Cardona Calderón firmara el documento.