Ya dan por un hecho que el senador Félix González Canto es el nuevo delegado del CEN del PRI para Nuevo León, y esto significa un golpe, una jugada de política de altos vuelos, de parte de los tricolores que no le tienen cariño al gobernador Rodrigo Medina.

¿Por qué?... Pues el nuevo delegado priista es el exgobernador de Quintana Roo y compadre del ya designado Embajador de México en Uruguay, Felipe Enríquez.

Es decir, por un lado el destierro para Enríquez, también excandidato derrotado a la Alcaldía de Monterrey y compadre del presidente Enrique Peña Nieto.

En los próximos días la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, tendrá que tomar una decisión crucial: deslindarse de su nuevo secretario de Administración, Miguel Ángel Treviño Sandoval.

O vincular su prometedor proyecto a la de su operador de confianza, que hoy es investigado por el Órgano de Control Interno de la Sedesol.

A Margarita Arellanes no le debe quedar ninguna duda que Treviño Sandoval será sancionado y seguramente inhabilitado como funcionario público, por las irregularidades cometidas como subdelegado de Sedesol.

Con las irregularidades en más de una docena de permisos para edificaciones, el Ayuntamiento de San Pedro estrenará un nuevo esquema para llegar a solucionar lo encontrado, y por otro lado, para que esas ilegalidades no vuelvan a suceder.

Ya el alcalde Ugo Ruiz y el secretario del Municipio, Bernardo Bichara, arman La Mesa de la Justicia en Desarrollo Urbano, integrada por ciudadanos, para que aquellos edificios con exceso de altura, lleguen a un acuerdo con el Ayuntamiento.

Con la cancelación del cuartel en la avenida Díaz Ordaz –proyecto estrella de seguridad del exalcalde Mauricio Fernández- se abre en San Pedro un nuevo problema para la administración de Ugo Ruiz.

El edil sampetrino tuvo que suspender esta obra exclusivamente por razones de pesos y centavos. 

O los bancos no quisieron entrarle a financiar la obra porque no creen en la capacidad de pago. 

O la constructora Dycusa se quiso pasar de lista con las condiciones financieras que intentó imponerle a la nueva administración.

Una militarización en momentos cuando la tendencia es que los soldados empiecen a volver hacia sus cuarteles puede ser muy peligrosa.

Por ello la determinación de colocar a un militar en el C-4 de San Pedro, en lugar de un hombre con las credenciales de Pablo Tamargo o Roberto de Hoyos, ambos de la IP, provocó una serie de opiniones encontradas ayer entre autoridades municipales, empresarios y militares.