En Nuevo León no se juega nada en los comicios del 5 de junio, pero para tres políticos de Nuevo León sí y mucho en la jornada electoral de este próximo domingo.

Se trata de los priistas Abel Guerra, Rogelio Cerda y el panista Alfonso Robledo, designados por sus partidos como delegados en tres estados donde se disputarán gubernaturas.

Si hacemos caso a las encuestas y sondeos que se han publicado, el único de los delegados que saldrá bien librado de su encomienda será el exalcalde de Escobedo y exdiputado federal.

Todo indica que el diputado del PAN, Daniel Carrillo, no llegará a agosto como presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Su cabeza está en riesgo.

El miércoles durante la sesión extraordinaria el legislador nicolaíta se pasó por encima la Ley Orgánica del Poder Legislativo para beneficiar a la bancada de su partido.

Carrillo no sólo consintió la toma de tribuna que realizaron sus compañeros albiazules para exigir la revisión de las cuentas públicas de los exgobernadores Rodrigo Medina y Natividad González Parás, acción que reventó la sesión.

En el Congreso del Estado no existen los ultras del PRD ni Morena, pero para “panchos” está la bancada del PAN.

Los legisladores albiazules, encabezados por  Arturo “El Noroña” Salinas, tomaron ayer la tribuna del Congreso del Estado para exigir la revisión de las cuentas públicas del exgobernador Rodrigo Medina.

Cuentas que no habían sido dictaminadas como establece el proceso legislativo por la Comisión de Hacienda del Estado.

Las cuentas públicas del exgobernador Rodrigo Medina no se subirán hoy al pleno del Congreso del Estado en la sesión extraordinaria convocada.

Finalmente el diputado Eugenio Montiel, presidente de la Comisión de Hacienda del Estado, se aventó el tirito de no dictaminar las cuentas del exmandatario.

El priista presentó argumentos técnicos y de tiempo para tratar de convencer de que no había tiempo suficiente para dictaminar los 18 expedientes relacionados con el gobierno de Medina y los organismos estatales.

Los resultados del Pulsómetro de Seguridad –como adelantamos ayer – no trajeron buenas noticias ni para el gobernador Jaime Rodríguez ni para los alcaldes metropolitanos.

El reporte indica que la percepción en materia de seguridad de los regiomontanos se deterioró para caer a niveles registrados en el 2012 cuando el estado vivió su peor época de violencia.

Los resultados de este reporte respaldado por la IP regia también se llevó de encuentro a Fuerza Civil, que desde su creación se había ganado la confianza de los ciudadanos.