Además de los señalamientos del gobierno de Jalisco contra exfuncionarios de la administración de Emilio González Márquez, en la Ciudad de México se cocina el expediente para el exgobernador panista. 

Luego del punto de acuerdo presentado por parte de diputados priistas del Congreso de la Unión hace un par de semanas, donde se pidió enviar un exhorto a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) para que investiguen las cuentas de González Márquez, los rumores de que podría terminar en la cárcel son cada vez más persistentes. 

No está mal que la editorial del  semanario de la Arquidiócesis de México, que gobierna el cardenal  Norberto Rivera, se exija que se acaben “los paraísos autónomos de los gobernadores” como medida para abatir la corrupción de los mandatarios estatales. 

En cambio lo que sí está muy mal es que “Desde la FE” se señale como solución “un mayor control de la federación para acabar con estas prácticas nefastas que se realizan al amparo de una arcaica autonomía constitucional de los estados”.

Como parte de la estrategia maderista para anular a los senadores calderonistas, 58 panistas iniciaron ayer un movimiento para pedir a los rebeldes que renuncien al partido y a la Senaduría, si es que ya no se “identifican con la ideología y con el orden institucional del PAN”.

Y ni modo de no darles la razón a los del #SomosMásde23, porque ciertamente muchos de esos 23 son Senadores gracias a que Felipe Calderón los palomeó como plurinominales, o para que ocuparan la primera posición en las fórmulas de candidatos al Senado.

Todo apunta a que el exsecretario particular de Felipe Calderón, Roberto Gil, recibió una contraorden de última hora del general Calderón para que no haya rendición.

Contrario a sus declaraciones del lunes, el vocero de Felipe Calderón volvió a la carga contra las huestes maderistas.

En el reinicio unilateral de hostilidades, el senador plurinominal la emprendió ayer contra el senador José María Martínez, acusándolo de no aceptar el estatuto aprobado por los calderonistas.

La construcción de un nuevo modelo de procuración de justicia en Jalisco con la Fiscalía General del Estado (FGE) no es, ni ha sido, un proceso fácil. 

Más allá de las críticas recibidas respecto a unificar la Secretaría de Seguridad Pública con la procuraduría, la dificultad se encuentra en armonizar todo en un mismo aparato. 

Quizá por eso todo mundo se tira la bolita sin que hasta el momento quede claro cómo funcionará el nuevo órgano.