Si no hay otro titubeo de última hora, como el de la semana pasada, la reforma energética será presentada hoy en los Pinos y no el miércoles como lo anunció el coordinador de los diputados priistas Manlio Fabio Beltrones.

De aquí para adelante más le vale al presidente Enrique Peña Nieto y a su gabinete que Dios los agarre confesados, si es que no llegan a convencer a la mayoría de los mexicanos.

Para el presidente de Acción Nacional las manifestaciones callejeras no tienen nada que ver con la lucha democrática.

Obviamente Gustavo Madero nunca leyó el Plan de San Luis en el que su tío abuelo Francisco exhortó al pueblo de México, no solo a que saliera a la calle a manifestarse en contra del gobierno de Porfirio Díaz, sino para que se levantara en armas, en nombre de la democracia.

El súbito aborto de la presentación de la reforma energética puso de manifiesto la debilidad de la estrategia del gobierno.

Y es que independientemente de cuáles hayan sido los motivos para frenar la presentación, el hecho apunta a que Enrique Peña Nieto no las tiene todas consigo para privatizar los energéticos.

Sobre todo cuando en los últimos días el propio presidente anunció en dos ocasiones que esta semana mandaría su iniciativa al Congreso, para salir después a decir en Twitter que continuaba preparando la presentación de la reforma.

Una cosa es conseguir que el voto de 500 legisladores en favor de la reforma energética y otra muy distinta es convencer a la mayoría de millones de mexicanos de que la reforma, tal y como la conciben el PAN y Enrique Peña Nieto, es lo que más le conviene a México.

Más si el gobierno y el PAN insisten en su pretensión de manipular a la opinión pública en contra de Andrés Manuel López Obrador.

Todo mundo sabe que la intención del PAN, del PRD y del Gobierno es concesionar la explotación del petróleo al capital privado. Sobre eso no hay dudas.

Aunque el gobernador Graco Ramírez lograra convencer al Congreso de Morelos para que expidiera una ley que permitiera la producción, distribución y consumo de marihuana, el ordenamiento sería inconstitucional.

Y es que las disposiciones contenidas en los Tratados Internacionales suscritos por México al tiempo que prohíben lo que el gobernador Graco Ramírez quiere permitir, forman parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.