Tal y como se esperaba, ninguno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia quiso tomar el riesgo de analizar la eventual violación del derecho al debido proceso, en el caso de la maestra Elba Esther Gordillo.
A diferencia de lo que la Suprema Corte resolvió hace un año en el caso Florence Cassez, al examinar cuidadosamente el expediente, esta vez los ministros de la Corte se rehusaron siquiera a conocer el caso.
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