El que recomendó que el presidente Peña Nieto recibiera a los familiares de los desaparecidos en Los Pinos, tendrá que explicar por qué los visitantes trataron de hacer rehén al Ejecutivo. 

Y es que los familiares le exigieron al presidente la locura de que se comprometiera por escrito a entregar vivos a los normalistas, o en caso contrario no dejarían Los Pinos. 

Por otra parte, el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, abandonó la residencia oficial de Los Pinos mucho antes de que salieran los familiares de los desaparecidos. 

Está bien que el gobierno esté buscando desesperadamente a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, pero después de destapar más de 38 fosas, han aparecido muchísimos restos humanos que no son de este sexenio, sino del sexenio de Felipe Calderón. 

¿Qué acaso no se requiere una investigación a fondo para saber quiénes son los responsables de todos esos homicidios? 

No hay que olvidarse que en los seis años de Felipe Calderón hubo más de 80 mil muertos y más de 20 mil desaparecidos.

Podrá ser un buen rector, no lo sabemos, pero el nuevo Gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, no deja de ser un novato en cuestiones políticas y todavía más en cuestiones de seguridad. 

Y es que solo a un personaje sin experiencia política como Ortega, se le ocurre decir que porque es un gobernador sin militancia partidista, está “más identificado con la sociedad civil y que eso tiene que reflejarse también con cambios en el gabinete con personajes de trayectoria recta”.

En plena efervescencia por el relevo en la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, uno de los nombres a quien más atención se concede para ocupar el cargo, es el de Mauricio Farah, quien quedó en la lista de aspirantes en el Senado. 

El actual secretario general de la Cámara baja cuenta con el visto bueno de todos los partidos.

Aunque luchó como gato boca arriba, finalmente renunció el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. 

Y es que aunque al exgobernador no se le pueda imputar una responsabilidad directa respecto de los desaparecidos de Iguala, si se le puede imputar la falta de capacidad para mantener la confianza de la población. 

Si antes de la desgracia de Iguala la administración de Ángel Aguirre dejaba mucho que desear, después de lo acontecido, la renuncia se convirtió en una exigencia generalizada de la gente de Guerrero.