El magistrado Carlos Emilio Arenas Bátiz ha decidido someter al Poder Judicial del Estado a las órdenes del gobernador Jaime “El Bronco” Rodríguez.

La línea está dada: todos los exfuncionarios estatales que han sido acusados de actos de corrupción serán vinculados a proceso.

Todos sin excepción, pese a la deficiente acusación que ha presentado la Fiscalía Anticorrupción que encabeza el abogado Ernesto Canales.

Una jueza determinó ayer vincular a proceso a la exalcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, por el delito de abuso de funciones por la contratación de un despacho jurídico.

Bajo proceso también quedaron 9 excolaboradores de Arellanes, entre ellos el exsecretario de Ayuntamiento, Jesús Hurtado, y la exsíndica Irasema Arriaga.

Arellanes tendrá ahora que defenderse legalmente de la denuncia que presentó el ahora alcalde Adrián de la Garza.

El conflicto magisterial en Nuevo León ha conseguido hacer más grande la división que existe en el gabinete del gobernador Jaime Rodríguez.

Aunque lo intentó, Manuel González, secretario general de Gobierno, no logró remover a Esthela Gutiérrez como titular de la Secretaría de Educación.

Gutiérrez fue ratificada en el cargo por “El Bronco”.

González, con el cese de Gutiérrez, buscaba ponerla como la responsable del fracaso de las negociaciones con los maestros que protestan en contra de la reforma educativa y que han bloqueado las avenidas del centro de Monterrey.

Mientras el Gobernador Jaime “El Bronco” Rodríguez ofrece ser mediador en el conflicto magisterial, en el estado le crece el problema. Los maestros de la disidencia están más que decididos a seguir con sus manifestaciones para echar abajo la reforma educativa.

Por lo pronto ya están programando una siguiente marcha el próximo miércoles y escuche bien estimado lector, también definirán si hay paro de labores, bloqueos de carreteras y, según ellos, hasta un bloqueo al Aeropuerto Mariano Escobedo.

En San Pedro, en cuestión de inseguridad pareciera no tener fin, pero lo más lamentable es que ahora opera un grupo nuevo de policías encubiertos de civil, que desbancó al Grupo Rudo de Los Ledezma, según esto para detectar la venta de droga al menudeo.

Nos aseguran que estos policías fueron los encargaos de atacar a balazos a Javier Cárdenas Dávila, de 23 años, quien es hijo del legislador federal tamaulipeco Gustavo Cárdenas.