Los precios del petróleo en el mundo se desplomaron, los ingresos del país junto con ellos y en Jalisco quienes lo resienten son sus adultos mayores y habitantes en pobreza, con la aplicación de un recorte presupuestal a los programas sociales dirigidos a los grupos más vulnerables. 

Apenas iniciaba el 2015 cuando el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, anunció un achicamiento del gasto público por 124 mil 300 millones de pesos (MDP), el .7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); era 30 de enero.   

El actual sexenio quedó marcado ya por los magnicidios y asesinatos de servidores públicos sin precedentes en el estado, en medio de la expansión de un grupo delictivo como no se había visto antes, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

La clase política de Jalisco ha sido estremecida una y otra vez con el asesinato de sus miembros, de representantes populares que gobernaban bajo sus siglas, y no obstante, los partidos se negaron a blindarse contra el crimen organizado en el proceso electoral de este año.

En las finanzas públicas del Gobierno de Jalisco se ha generado un enorme boquete superior a los mil 743 millones de pesos, a partir de decenas de préstamos que autorizó el Ejecutivo a sus organismos paraestatales, pero que nunca fueron pagados a la hacienda central. 

Los registros de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf, antes Sefin), indican que entregó a estos organismos paraestatales mil 95 millones 126 mil 946 pesos en calidad de empréstitos entre los años de 1995 y 2014, a través de 65 operaciones. 

Aun con la detención de Rubén Oseguera González “El Menchito” o “El Junior”, el lunes pasado, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) persiste como una de las organizaciones delictivas del país menos mermada en su cúpula y estructura, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR).

Otros grupos criminales han sido mermados con decenas de sus cabecillas aprehendidos y cientos de detenciones en sus bases y alas de sicarios, pero el CJNG, en cambio, apenas y figura en los informes que las fuerzas federales elaboran en esta materia. 

De todas las averiguaciones previas que ha iniciado la Fiscalía General de Jalisco en contra de religiosos, básicamente sacerdotes católicos, por pederastia y otros ataques sexuales en los últimos ocho años, ninguna ha concluido en una sentencia que lleve a los responsables a pisar la cárcel. 

El reclamo que despierta la impunidad de estos hechos en el mundo llevó recientemente al Papa Francisco a crear un tribunal en el Vaticano para juzgar a los obispos que han protegido los abusos, según se anunció el 10 de junio pasado.