En el año 2009 el resort Hotelito Desconocido en la Costa Alegre de Jalisco buscaba expandirse. Requería para ello que más playas le fueran concesionadas por la Federación, para sumarlas a las que ya tenía por casi ocho hectáreas y que explotaba para su éxito comercial.

Su involucramiento por el Gobierno mexicano y estadounidense con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)-Los Cuinis, como un centro de lavado de dinero, no vendría sino hasta seis años después (agosto de 2015), por lo que aún gozaba de un prestigio que rebasaría fronteras.

La administración estatal del priista Aristóteles Sandoval Díaz llegó a su cuarto año de gestión, con un presupuesto aplicado en contratos de obra pública que supera los 14 mil millones de pesos (MDP), de acuerdo con los registros oficiales 2013-2016.

De entre las 667 empresas que han recibido al menos uno de esos contratos de su gobierno, son 29 las más favorecidas con adjudicaciones que superan los 100 MDP, y que según la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), son estas:

Enrique Alfaro Ramírez y los alcaldes que lidera desde Guadalajara, intentaron que el Gobierno de Jalisco les cediera el control sobre el 30 por ciento de todo el gasto en seguridad que se hace a nivel estatal, una tajada que podría superar los 2 mil 126 millones de pesos (MDP).

La exigencia se dio durante las negociaciones de 2016 para iniciar con la Policía Metropolitana que quería Alfaro Ramírez y, por tanto, sus munícipes, sin embargo, el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) advertiría que ningún estudio avalaba el tamaño de la bolsa solicitada.

En este convulso 2017 el Gobierno de Jalisco destinará más recursos públicos a producir películas como “Treintona, soltera y fantástica”, que a la ayuda de connacionales en el extranjero, pese a la peligrosa coyuntura que se abre con el presidente estadounidense Donald Trump.

No solo eso, en su afán por figurar como coproductor en filmes, como el citado que protagonizó la actriz mexicana Bárbara Mori, el Gobierno estatal dirigirá más fondos para ello que en toda la operación anual del Centro de Justicia para las Mujeres, aunque este se encuentra ya rebasado por completo.

Los registros de la Universidad de Guadalajara (UdeG) sobre la violencia sexual que se da al interior de sus planteles educativos evidencian que son mínimos los casos que se persiguen por la vía penal, a pesar de que se trata de acciones constitutivas de delito.

De las 46 agresiones sexuales que se han cometido en los centros educativos de la UdeG en el periodo 2007-2016, principalmente hostigamiento y acoso sexual hacia sus alumnas por docentes y otros empleados, apenas en ocho hay constancia de que intervino la Fiscalía de Jalisco.