Los gobiernos de las entidades federativas siguen contando con un amplio margen para la manipulación o el maquillaje de los registros delictivos que publican: una vía simple y útil para retocar la fotografía de su criminalidad al gusto del gobernador en turno.  

El reciente caso que documentó en Nuevo León el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, demuestra que un gobierno local bien puede mantener bajo la alfombra más de 171 mil delitos, sin aparecer durante años en su incidencia, y sin contrapesos que lo detecten e impidan.

Si algo se le cuestiona al ombudsman de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, es la relación de cercanía y sumisión que construyó con el poder público del Estado, y en particular, con el Ejecutivo, como quedó evidenciado con el tratamiento de la reciente recomendación 31/2017.

Esa recomendación hace referencia al grave hecho en el que fueron asesinados los activistas indígenas y defensores de derechos humanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, el 20 de mayo, y que le ha merecido al Gobierno de Jalisco exhortos nacionales y aun internacionales para que lo atienda cabalmente.

Los legisladores de Jalisco rechazaron la adopción de la segunda vuelta para la elección de gobernador en el 2018, por considerarla perjudicial para la austeridad, una postura que va a contrapelo del debate nacional y el impulso creciente de esa medida.

En la reforma electoral que aprobaron los diputados hace apenas unas semanas, estos tuvieron en sus manos la posibilidad de implementar la segunda vuelta, pero lo descartaron, mientras la atención mediática se centraba en la reducción del financiamiento de partidos. 

El crecimiento de las empresas de comunicación aliadas de los dos principales grupos políticos en Jalisco, el de Aristóteles Sandoval Díaz, del PRI, y el de Enrique Alfaro Ramírez, del MC, se ha alimentado del grado de influencia que estos ejercen en la arena partidista nacional.

Pero mientras las firmas Eu Zen, La Covacha e Indatcom se volvieron proveedores del MC nacional justo tras el asalto alfarista a ese partido, los aliados al Gobierno estatal priista, Heurística y NF Producciones, no han podido obtener un solo contrato del PRI nacional.   

Las presentaciones de grupos musicales en el Reclusorio Preventivo de Guadalajara se han vuelto una constante desde que se consolidó ahí el autogobierno del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la llegada al Reclusorio de José Luis Gutiérrez Valencia “Don Chelo”, “El Ojo de Vidrio” o el “7-7”, en el 2010, identificado por las autoridades como el jefe del autogobierno, ese centro penitenciario ha autorizado en cientos de ocasiones el ingreso de grupos musicales.