La historia de violencia por el control del Penal del Topo Chico se repite una vez más.

Ahora sólo cambian los actores principales y el cártel protagonista de la riña ocurrida la noche del pasado miércoles, que dejó un saldo de tres muertos y 19 heridos.

Todo apunta que el empoderamiento del Cártel del Noreste lo llevó a tomar el control del Topo Chico.

Fernando Aguilera Hernández, alias “El Pelón Fantasy”, integrante del Cártel del Noreste, ordenó el asesinato de Javier Orlando Galindo Puentes, alias “El Maruchan”, integrante de la vieja escuela de Los Zetas.

La construcción de un doble piso o viaducto de segunda altura gratuito en el área metropolitana se ha convertido prácticamente en un sueño guajiro para los miles de conductores regios.

Y es que este tipo de proyecto dista mucho de realidad, por lo que los automovilistas podrían continuar sufriendo con el crónico problema vial que se tiene en la capital regia.

Construir un segundo piso implica hacerlo con recursos de Asociación Público Privada (APP), pues con dinero municipal no se podría realizar una obra de esta magnitud.

La Cámara Mexicana de la Industria y de la Construcción (CMIC), que encabeza Gustavo Arballo, alista reformar los estatutos para poner severos candados en futuras elecciones de su presidente.

Esto prácticamente enterraría de facto la poca democracia hacia el interior de este organismo constructor, además de que no sería incluyente para la mayoría de los agremiados.

La polémica en la Secretaría de Educación que encabeza Esthela María Gutiérrez Garza se incrementa.

Ahora por la creación de seis nuevas coordinaciones y tres de jefes de área, desafiando las declaraciones de austeridad del gobernador independiente Jaime Rodríguez Calderón.

“El aparato de gobierno es muy gordo, se dio oportunidad de trabajo a muchos militantes de partidos políticos en puestos que no eran necesarios”, dijo “El Bronco” en enero de este año.

Pero pareciera que la Secretaría de Educación contradice las palabras del mandatario.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) encontró severas irregularidades en la construcción de las plataformas que hizo el Gobierno del Estado para la planta de la armadora KIA Motors México en el municipio de Pesquería.

El gobierno de Rodrigo Medina utilizó el Sistema Estatal de Caminos, y no la Secretaría de Obras Públicas del Estado, para realizar estas obras que en total representaron un costo superior a los mil 500 millones de pesos.