El Ayuntamiento de San Pedro interpuso una queja contra el Congreso local y el gobernador Rodrigo Medina por incumplir el fallo constitucional que crea tribunales contenciosos municipales.

Y es que con las recientes modificaciones a la Ley de Justicia Administrativa, aprobadas por los diputados locales, el Estado continúa influyendo en estos órganos que deberían ser independientes frente al poder político.

El delegado de la Sedesol en Nuevo León, Pablo Elizondo García, habría usurpado funciones cuando solicitó recursos públicos porque todavía no tenía el nombramiento como titular de la dependencia.

El exalcalde de Montemorelos se adelantó. Pidió dinero del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para cubrir gastos de supervisión de obras de mitigación a los estragos provocados por el huracán “Alex”.

Audios y videos exhiben a los presuntos despojadores del rancho “Los 13 hermanos”, cuando confiesan haber alterado las medidas y colindancias del predio que una familia posee desde hace más de un siglo.

De viva voz, los integrantes de esta banda admiten que realizaron trámites a nombre de un hombre muerto, para modificar un plano con el que se consumó el despojo documental del terreno.

La “tortura institucional” en la Comisión Estatal de Derechos Humanos se instaló hace cinco años, cuando asumió la presidencia del organismo Minerva Martínez Garza, denuncia una exempleada que fue cesada de su cargo por la ombudsman.

Laura Yolanda Villarreal Zarazúa asegura que fue despedida injustificadamente luego de meses de acoso laboral que, según ella, se han prolongado hasta hoy en el órgano.

El juez a cargo de resolver el despojo documental del rancho “Los 13 hermanos” no sólo absolvió a la banda que presuntamente estuvo detrás del fraude, sino que condenó a la dueña legítima porque no demandó a un hombre muerto.

Héctor Benjamín de la Garza Pérez, titular del Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar de Primera Instancia, resolvió así el pasado 26 de febrero en la sentencia definitiva del juicio de nulidad número 167/2012.