La autonomía constitucional que se le otorga al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), el nuevo “súper” regulador, podría ocasionar una desmembración de las políticas públicas.

Sobre todo porque la reforma de Telecomunicaciones le otorga poderes especiales para ordenar mercados y fomentar competencia.

Pero sobre todo, en la iniciativa no se explican las razones para haber tomado una medida tan extrema.

De ahí que deberá analizarse con lupa el poderío  del nuevo órgano regulador.

Los nombres ya se barajan: son los empresarios Julián Urióstegui Carbajal y Roberto Desentis de León.

El primero fue presidente de Canadevi y el segundo, presidente de la Cámara de Desarrollo y Promoción de Vivienda.

Ellos, en contubernio con las autoridades locales y municipales, supuestamente se beneficiaron de los cambios de uso de suelo que se dieron del 2002 al 2012.

Y en ese recorrido de influencias y aprobaciones irregulares de construcciones aparecen las inmobiliarias Homex, Ara, Urbi y Casas Geo.

Luis Echeverría fue su artífice, lo creó como un mecanismo para incentivar el empleo y la economía en 1973. Pero lejos de lograr ese objetivo, se convirtió en un gran hueco para las finanzas públicas.

No solo eso, desde hace cuatro décadas ha servido para que un pequeño grupo de empresarios haga de la consolidación fiscal su mejor aliado para evadir el pago de impuestos.

El régimen de consolidación fiscal consiste en que el corporativo de un grupo de empresas pueda descontar de las ganancias que obtienen algunas, las pérdidas que tienen otras del mismo grupo.

Creado para mejorar la infraestructura, la operación y la conservación de tramos carreteros concesionados en el país, el Fondo Nacional de Infraestructura cuenta con una bolsa de a 26 mil 930 millones 104 mil pesos.

Sin embargo, nada se ha dicho de la aplicación de sus recursos para ayudar a la reconstrucción de por lo menos 17 carreteras afectadas por los ciclones “Ingrid” y “Manuel”.

Fue en 2008 cuando el entonces presidente Felipe Calderón anunció la creación, por decreto, de este fondo, nombrando como fiduciario al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

La reforma hacendaria -de aprobarse como está- pondrá un tope de 84 mil pesos a las deducciones personales que hagan para su declaración anual las personas físicas.

La iniciativa establece como límite la cantidad que resulte menor entre dos salarios mínimos al año, o el 10 por ciento del total de ingresos recibidos -incluyendo aquellos ingresos por los que no pagó el Impuesto Sobre la Renta (ISR)-, explica Luis Pérez de Acha.