Los socios del Deportivo San Agustín que el miércoles acordaron destituir a los miembros de su consejo directivo incurrieron en responsabilidades e incluso ahora enfrentan el riesgo de ir a prisión por el “delito de delincuencia organizada”.

Así de grave, según la opinión del abogado Valdemar Martínez Garza, socio de este club privado, quien como asesor legal de la presidencia del club envió una carta a los socios, en la que advierte de las responsabilidades penales que enfrentan los accionistas.

La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat le sacó la vuelta a evaluar el daño ecológico que provocarán las 50 mil cabezas de ganado  que pretende llevar la empresa Sukarne a un rancho en Montemorelos.

En la autorización que entregó la DGIRA la semana pasada a la empresa, la dependencia federal consideró que no es de su incumbencia  la afectación que producirá este polémico proyecto ganadero.

La disputa por el control del Deportivo San Agustín se agudiza con acusaciones y amenazas entre socios a través de correos electrónicos.

En este intercambio de descalificaciones está involucrada Marcela Dieck Assad, actual secretaria de Desarrollo Social y Humano del Municipio de San Pedro, el cual encabeza el panista Ugo Ruiz.

Reporte Indigo tiene en su poder copias de emails que se han enviado socios de grupos antagónicos del Deportivo San Agustín, quienes se pelean la dirigencia de este club privado ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas.

La Semarnat sólo autorizó el permiso de impacto ambiental del proyecto ganadero Sukarne en Montemorelos, pero falta la aprobación del cambio de suelo, aclaró ayer Guillermo Cueva.

El delegado de la Semarnat en Nuevo León informó que la Manifestación de Impacto Ambiental fue autorizada directamente en las oficinas centrales de la Semarnat, en la Ciudad de México.

Este permiso fue autorizado por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental.

La Semarnat incurrió en una serie de irregularidades y vicios en la autorización del proyecto ganadero de la empresa Sukarne en la zona citrícola.

Federico Fernández, representante legal de los propietarios de terrenos que se oponen a este megarancho, denunció que la dependencia federal desahogó el proceso de Manifestación de Impacto Ambiental violando lo establecido en la ley.

El abogado critica que el procedimiento se haya llevado a cabo en las oficinas centrales de la Semarnat, en la Ciudad de México, y no en el estado de Nuevo León.