Rodolfo Gómez Acosta llega a la Tesorería del Estado con un sólo plan bajo su brazo.

Y éste no será disminuir la deuda que ahoga las finanzas estatales, ni tampoco la implementación de un programa de austeridad para reducir el gasto corriente del gobierno.

Llega a la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado para concretar el negocio del sexenio: el proyecto de agua potable Monterrey VI.

Margarita Arellanes utilizó su cargo en la Sedesol de Nuevo León para conformar y financiar la estructura interna partidista que la apoya como candidata del PAN a la alcaldía de Monterrey.

Como delegada de la Sedesol federal, Arellanes consolidó su proyecto político “empanizando” la nómina por honorarios de la dependencia federal con la inclusión de más de veinte operadores panistas.

La aspirante albiazul financió este trabajo de reclutamiento partidista con fines electorales echando mano de los recursos del Fondo de Desastres Naturales, Fonden, que administra la Sedesol.

La investigación criminal por los 49 cuerpos mutilados que arrojaron en Cadereyta parece dirigirse al limbo institucional.

Y es que tanto la PGR como la Procuraduría estatal de Nuevo León han asumido sus tradicionales posturas para eludir el asunto central y de fondo: cuál es el móvil y quiénes son los autores de la mutilación de 49 personas.

Gente asesinada que todavía hasta ayer seguía sin ser identificada por las autoridades.

Uno de los frentes de batalla neurálgicos de la guerra que disputan en el país Los Zetas y El Cártel del Golfo se libra  actualmente en el municipio de Cadereyta.

El hallazgo la madrugada del domingo de los 49 cuerpos mutilados en el poblado de San Juan, Cadereyta, no sólo  representa el episodio más sanguinario de la escalada de violencia que azota este año a Nuevo León.

Esta masacre, de acuerdo a fuentes policiacas y de seguridad consultadas por Reporte Indigo, sería el mensaje que Los Zetas estarían enviando a sus enemigos de El Cártel del Golfo.

El alcalde Mauricio Fernández decidió cancelar uno de sus sueños  para el blindaje en materia de seguridad en San Pedro.

El edil panista había planeado la construcción del edificio inteligente de seguridad pública en la avenida Díaz Ordaz, que proyectaba realizar a través de un esquema de asociación pública-privada.

Este inmueble implicaría una inversión de más de 500 millones de pesos, incluyendo el costo del financiamiento privado.