Gana Medina primer round
La primera batalla legal de varias para enjuiciar al exgobernador Rodrigo Medina comenzó con un duro golpe para el gobierno independiente de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”.
Y es que en el primer round jurídico la Subprocuraduría Anticorrupción recibió un certero revés legal: Medina no acudió a la audiencia, y además evitó ser sustraído por la justicia de Nuevo León.
Cabe recordar que cualquier persona que no acuda a una audiencia penal o civil podría recibir medios de apremio, como el uso de la fuerza pública.
La Subprocuraduría Anticorrupción presentará una queja en el Consejo de la Judicatura Federal contra el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, por otorgar un amparo que detuvo la audiencia programada ayer
“Él (Rodrigo Medina) va a comparecer cuando su defensa lo diga. Si se concede el amparo, el efecto sería que se pronunciara otra citación sin apercibimiento y sin amenazar a las garantíascomo ciudadano que tiene”
La primera batalla legal de varias para enjuiciar al exgobernador Rodrigo Medina comenzó con un duro golpe para el gobierno independiente de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”.
Y es que en el primer round jurídico la Subprocuraduría Anticorrupción recibió un certero revés legal: Medina no acudió a la audiencia, y además evitó ser sustraído por la justicia de Nuevo León.
Cabe recordar que cualquier persona que no acuda a una audiencia penal o civil podría recibir medios de apremio, como el uso de la fuerza pública.
Por lo pronto, el equipo de abogados liderados por Alonso Aguilar Zínser, representante de Medina, puso contra las cuerdas a la Fiscalía Anticorrupción, que encabeza Ernesto Canales.
Descalabro que cimbró los cimientos de la fiscalía estatal.
Motivo por el cual la Subprocuraduría Anticorrupción anunció que presentará una queja en el Consejo de la Judicatura Federal contra el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, por otorgar un amparo que detuvo la audiencia programada ayer.
La denuncia va en el efecto de no condicionar la comparecencia de Rodrigo Medina para celebrar la audiencia, y con esto dar inicio sin parar el procedimiento penal que es de orden público.
“La queja será con la autoridad judicial federal contra el juez que concedió el amparo. Esto apenas comienza”, adelantó Aldo Fasci, asesor jurídico de la Fiscalía.
Pero esta acción no afectaría el proceso de audiencia, y para que surta efecto una posible sanción para el juzgador tardaría más de un año. La clave será el próximo 2 de agosto.
El juez federal tendría que resolver en una audiencia la próxima semana si concede la suspensión definitiva a la defensa de Rodrigo Medina.
Si es así la resolución del juicio de amparo del exgobernador podría tardar hasta 10 meses, tiempo en el que Medina no acudiría a la audiencia.
Ante esto, la Subprocuraduría Anticorrupción anunció que alista una estrategia jurídica para evitar que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León conceda la suspensión definitiva.
“Esta amparo no es contra la Fiscalía, es contra la cita de un juez, que quede claro este tema. No toca el caso de fondo, solo toca el tiempo que esté retrasando la justicia, nadie va evadir la justicia de Nuevo León y el que nada debe nada teme.
“Sin son inocentes no tienen por qué esconderse ni utilizar cosas jurídicas. La suspensión no tenia efectos para que no acudiera Rodrigo Medina a la audiencia, incluso la Fiscalía solicitó el juez que lo declarara evadido de la justicia”, aseguró Fasci.
Durante la audiencia, la juez de control Blanca Yadira Baca Saucedo dijo que la Fiscalía tendía la razón de pedir la sustracción de la justicia a Rodrigo Medina, pero en virtud del amparo no lo concedió.
Su defensa decidirá cuándo se presenta
“Él (Rodrigo Medina) va a comparecer cuando su defensa lo diga”, fueron las palabras del abogado Javier Flores, quien defiende al exgobernador.
Y espera que la actuación de la Subprocuraduría Anticorrupción sea con respeto a los derechos humanos.
“Si se concede el amparo, el efecto sería que se pronunciara otra citación sin apercibimiento y sin amenazar a las garantías como ciudadano que tiene”, agregó el litigante.
Añadió que bajo los esquemas de derecho fundamental, previstos en la ley, amenazar con ser privado de la libertad en caso de no comparecer molesta a la libertad.
“En sí, el hecho constituye un acto de molestia que atenta contra la libertad de tránsito, pero en este caso se imponen y se amenaza contra una orden de aprehensión o restringir la libertad de un ciudadano”, explicó el abogado.
Por su parte, la Subprocuraduría Anticorrupción consideró absurdo que a una persona se le pueda otorgar un amparo para evitar que se realice un proceso de audiencia.
Y es que, según la Fiscalía, la cita no restringe al exgobernador Rodrigo Medina.
El director de la Subprocuraduría Anticorrupción estatal, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, dijo que el amparo está señalando hechos futuros inciertos.
“Porque en la medida que el exgobernador se presente y eventualmente acredite que no representa riesgo cautelar, eventualmente ni siquiera estaría cumpliendo el proceso en prisión”, explicó el fiscal.
Difícil combatir corrupción
Ernesto Canales, titular de la Subprocuraduría Anticorrupción del Estado, consideró que el amparo reitera que llevar un caso de corrupción a la justicia es difícil.
“Este amparo es sin precedentes en el sistema de justicia oral, viene a impedir la realización de una audiencia de vinculación. Esto demuestra que en México es difícil para la justicia llevar los casos de corrupción.
“No en vano el país ha tenido una tasa tan alta de impunidad para estos delitos, sin embargo no nos es novedad”, dijo Canales.
Agregó que los trabajos en la Fiscalía son serios y profesionales, por lo que confía que Rodrigo Medina enfrente la justicia en su tiempo.
“Esto es una postergación en el mejor de los casos, las conductas de la Fiscalía que ha identificado como delictivas son firmes, sólidas y las podemos probar. Y buscaremos que el juicio sea lo más pronto posibles”, concluyó el titular de la fiscalía anticorrupción en el estado.
