Seguridad privada, ley pendiente en el Congreso

Mientras las condiciones de inseguridad en el país dan muestras de agravamiento, el Congreso de la Unión tiene un pendiente: la aprobación de la Ley General de Seguridad Privada.

Aprobada por el Senado de la República en abril del 2018, al finalizar el último periodo ordinario de la anterior legislatura, dicha Ley espera su ratificación en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, su discusión en San Lázaro ha tardado por el análisis que hace la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del documento aprobado por el Senado.

Mientras las comisiones de la Cámara de Diputados procesan la Ley aprobada en 2018, las industrias del sector urgen a que ya pueda ponerse en marcha. Por ejemplo, la del blindaje, la cual ha sido afectada por la regulación vigente desde hace 13 años.

Seguridad privada, Industria millonaria

La seguridad privada es una de las más grandes del país. La prevalencia de hechos de delincuencia ha hecho que miles de personas y empresas busquen sus servicios para procurarse mayor seguridad.

Datos de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada revelan que en México hay alrededor de 3 mil 400 empresas registradas que brindan estos servicios. Sin embargo, en la ilegalidad opera una cantidad similar.

Esta industria genera alrededor de 600 mil empleos y es una de las que registra mayor crecimiento anual. Representa 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, con un valor de 240 mil millones de pesos.

Se calcula que entre 2012 y 2016, su valor en el mercado ha aumentado 180 por ciento. Su crecimiento anual es de entre 3 y 4 por ciento, muy por encima del 0.5 por ciento que ha crecido el país este año.

La aprobación de la Ley General de Seguridad Privada supondría una regulación correcta para estas empresas, mayor confianza para sus clientes y, por ende, mayor crecimiento.

Juanita Guerra Mena, diputada por Morena y presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, sostiene que la aprobación de la Ley General de Seguridad Privada está pendiente por el análisis que está haciendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Se tienen que armonizar los cambios que se hicieron con lo de la Guardia Nacional. Además, se pidió una opinión a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y nos la van a entregar en estos días. Por eso estamos todavía pendientes”, expresa en entrevista con Reporte Índigo.

La legisladora morenista comentó que la prioridad en el Congreso era la seguridad pública antes que la privada.

La ley vigente fue promulgada el 6 de julio del 2006; su última modificación ocurrió en octubre del 2011.

Este mes, Alfonso Durazo, titular de esa dependencia, tendrá dos encuentros con diputados para avanzar en la discusión.

Piden condiciones justas

Los participantes de la industria han solicitado al Poder Legislativo que se construya una ley acorde con las necesidades y características del sector que traiga beneficios para todos.

Una de las industrias que han sido de las más activas en la negociación es la del blindaje; sus integrantes han pedido a los legisladores que no sean las mismas reglas para todos.

René Rivera, presidente del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje, indicó que una de sus prioridades es que no se estandaricen los requisitos para obtener el registro legal, sino que se categoricen dependiendo del área particular de la que se trate.

“La ley, en su momento, establecía que todos los trabajadores estamos vinculados con la seguridad privada. Pero hay requisitos que no son aplicables para nosotros. Por ejemplo, no tiene razón de ser que nuestros empleados, sean herreros, soldadores, carpinteros o quienes tejen los chalecos, tengan que ser registrados en la Dirección General de Seguridad Privada con sus huellas, con exámenes toxicológicos y psicológicos y demás y tengan que sacar una cédula de identificación policial. Esto no les corresponde porque va a distorsionar el padrón de los guardias”, expuso Rivera en entrevista con este medio.

El padrón podría verse afectado porque se tendría registro de miles de personas que no desempeñan tareas de seguridad.

Esto representa un riesgo por varias razones. Primero, porque no da una idea con el número de guardias privados que existen; además, por ley se dan labores que son delicadas y para las que no están capacitados estos trabajadores.

“Se les obliga a tener una Cédula Única de Identificación Policial y, en todo caso, les tocaría ser primeros respondientes. ¿Qué va a hacer un soldado, un herrero o un carpintero al que le toque ser primer respondiente? No puede hacerlo, no está capacitado”, argumenta Rivera.

El presidente del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje enfatiza en los riesgos de que cualquier trabajador esté vinculado con las tareas de seguridad.

“Otro ejemplo: en caso de que hubiera una pelea y que nuestro trabajador se pelee con otra persona. El sólo hecho de tener la cédula es un agravante, porque lo consideran como miembro de seguridad, cuando no lo es”, comenta Rivera.

En el caso particular de empresas relacionadas con el blindaje, Rivera sostuvo que también es importante que se tenga mayor certeza de que los negocios dedicados a esa actividad sean legales, pues muchas empresas ofrecen servicios “patito” que sólo ponen en riesgo la seguridad de las personas.

“A todos nos va a beneficiar porque la anterior Ley era de 2006, y muchas cosas han pasado de ese año a la fecha, de desarrollo tecnológico, de nuevos hábitos, de nuevas modalidades. Va a dar mayor certeza en el mercado, habrá mayor claridad y habrá un beneficio para los consumidores”, sentenció Rivera.

Las diferentes organizaciones de empresarios relacionados con la seguridad han pedido al Congreso de la Unión que no los dejen fuera y sean tomados en cuenta para construir esta nueva Ley y modificar, si es necesario, lo que se aprobó en el Senado.

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