Por un Estado Promujer y sin violencia de género
El Gobierno federal publicó el que será su mapa de ruta para combatir la violencia de género. El programa proyecta que en 20 años el país tendrá las condiciones para que las mexicanas ejerzan su derecho a vivir una vida libre de violencia
Luis HerreraDespués de tres años, el Gobierno federal finalmente elaboró su “Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2021-2024”, el cual fungirá como el mapa de ruta que guiará sus acciones para contener la violencia de género en el país.
En lo que resta de la administración que encabeza el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno de México buscará alcanzar los cuatro objetivos prioritarios que están plasmados en dicho programa.
Primero, disminuir las violencias contra las mujeres, mediante la implementación de medidas preventivas de los factores de riesgo; segundo, promover servicios de atención integral especializada, con enfoque interseccional e intercultural para mujeres víctimas de la violencia; tercero, fomentar la procuración e impartición de justicia con perspectiva de género para asegurar la sanción, reparación del daño y la no repetición, con las instancias competentes a nivel nacional; y cuarto, impulsar acciones de coordinación que permitan institucionalizar en el Estado mexicano la erradicación de la violencia contra las mujeres.
La estrategia que implementará el Gobierno de López Obrador para combatir la violencia hacia las mujeres diagnostica hechos preocupantes, como el que todos los días en México nueve mujeres son asesinadas y el 41.3 por ciento ha sido víctima de violencia sexual, de acuerdo con ONU Mujeres y la ENDIREH 2016.
Además de que asegura que las autoridades mexicanas siguen descoordinadas ante el grave problema de la violencia de género.
”Las formas de violencia más letales, como las desapariciones, trata y feminicidios, están vinculadas a la expansión de actividades de organizaciones criminales. Sin embargo, hasta ahora las políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres han estado desvinculadas de las políticas de seguridad nacional y, cuando se alude a las víctimas mujeres, ha sido de forma estigmatizante y revictimizante”.
El programa del Gobierno federal advierte que la expansión de la violencia de género está vinculada al aumento de las actividades criminales y a la falta de coordinación entre las autoridades
Estado coordinado
Será particularmente a través del Objetivo prioritario 4 que el Gobierno de México buscará resolver la desvinculación que actualmente se presenta entre las autoridades de los tres niveles de Gobierno (federal, estatal y municipal), a la hora de atender la violencia de género.
“La coordinación necesaria que se busca no solamente debe ser entre las instituciones que integran el SNPASEVM (Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres) sino con instancias cuyas competencias están relacionadas con estos ejes de acción, como la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO); la Conferencia Nacional de Tribunales de Justicia (CONATRIB); el Consejo de la Judicatura Federal; los sistemas estatales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, señala el documento.
También por ello uno de los ejes que articularán las acciones del Programa es el de la “transversalidad”, con miras a alcanzar un Estado plenamente capacitado para proteger a las mujeres.
“El eje de transversalidad plantea que prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres solo será posible cuando el Estado mexicano en su conjunto y cada una de las instituciones que la conforman, asuma como un deber y se traduzca en acciones coordinadas e integrales en toda la administración pública, de los tres órdenes de gobierno”.
El Programa fue publicado el 30 de diciembre de 2021, en el Diario Oficial de la Federación, y consta de 14 estrategias prioritarias y 112 acciones puntuales para ser implementadas por las autoridades federales y los otros niveles de gobierno, sin embargo, el documento advierte que podrían requerirse dos décadas para obtener los resultados deseados.
“A partir de la política nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en los próximos 20 años, nuestro país habrá conformado las condiciones tanto institucionales como sociales y culturales para que las mexicanas ejerzan su derecho a vivir una vida libre de violencia, especialmente aquellas que se encuentran en condiciones de mayor riesgo, ya sea por su edad, su pertenencia étnica, el color de su piel, su estrato socioeconómico, el lugar geográfico en el que viven o su preferencia sexo afectiva”.
Mapa de violencia de género
El diagnóstico del Programa muestra cuáles son los estados con las mayores problemáticas de violencia de género, de acuerdo con las distintas modalidades existentes.
Por ejemplo, con respecto a la violencia en el ámbito familiar, señala que la ENDIREH 2016 la reportó con una prevalencia de 10.3 por ciento a nivel nacional, y que los estados de Jalisco, de Aguascalientes, de Durango, de México y de Michoacán de Ocampo presentaron las prevalencias más altas (mayores al 12.3 por ciento ), frente a los estados de Baja California Sur, de Nuevo León, de Chiapas, de Baja California y de Tabasco que registraron las más bajas”.
También advierte que los estados que presentaron mayor proporción de violencia física son Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Oaxaca; por otro lado, Baja California Sur, Campeche, Nuevo León, Chiapas y Tamaulipas presentaron las prevalencias más bajas a nivel nacional con menos del 26.6 por ciento.
En el caso de la violencia sexual, las proporciones más altas se reportaron en la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Querétaro y Aguascalientes. Mientras las de menores prevalencias en este tipo de violencia correspondieron a Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Nayarit y Campeche.
Y finalmente, sobre la violencia en la comunidad, informó que tiene a nivel nacional una prevalencia de 38.7 por ciento y las entidades federativas en donde ocurre son la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro.
