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Inocencia: Letra muerta en Nuevo León

Aunque es un principio fundamental del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la presunción de inocencia no es respetada por elementos policiales en el estado, detalla un estudio del Inegi

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“La población privada de la libertad durante el 2016 recibió patadas o puñetazos con el conocimiento de las autoridades”
Estudio
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
El documento señala que policías municipales y elementos de la AEI incomunican y amenazan con levantar falsos cargos a la persona si no se declara culpable de un delito

En Nuevo León, la presunción de inocencia en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio simplemente es letra muerta.

Por increíble que parezca, policías estatales y municipales, que a decir de los Municipios y Estado están preparados en este nuevo esquema acusatorio, aún recurren a la violencia psicológica para que una persona se declare culpable de un delito en el Ministerio Público.

Con estos hábitos se está pisoteando la presunción de inocencia, principio fundamental del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, aunque para los alcaldes metropolitanos, sobre todo para el edil de San Pedro, Mauricio Fernández, está mal hecho el nuevo modelo acusatorio.

Un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) exhibe que un 32.7 por ciento de la población carcelaria en Nuevo León fue privado de su libertad bajo presiones y amenazas policiales.

En el apartado de violencia psicológica, el documento señala que en 2016 tanto elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) como policías municipales incomunicaron y amenazaron con levantar falsos cargos a la persona si no se declaraba culpable de un delito.

“De la población privada de la libertad durante el 2016, se encontró que fue incomunicada o aislada durante su estancia ante el Ministerio Público y fue amenazado con levantar cargos falsos.

“(Esto) fue el principal motivo para declararse culpable ante el Ministerio Publico, además fue presionada para denunciar a otra persona y amenazada con hacerle daño a su familia”, cita el estudio en poder de Reporte Indigo.

Nuevo León ocupa el noveno lugar a nivel nacional en utilizar presiones y amenazas a las personas para que se declaren culpables de un delito.

Cabe recordar que el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio señala que la declaración obligada ante un agente del Ministerio Público no será tomada como un dato de prueba para una imputación.

Este modelo obliga a los agentes y policías a presentar datos técnicos para imputar un delito a una persona, más nunca por medio de una presión fisca o psicológica.

“Si el acusado decide no declarar en el juicio, ninguna declaración previa que haya rendido puede ser incorporada a éste como prueba, ni se podrán utilizar en el juicio bajo ningún concepto”, dice el Artículo 378 en el párrafo de ausencia del acusado en juicio.

El agente del Ministerio Público debe recordar a los imputados que es un derecho declarar, más no una obligación.

Es decir, el imputado decide si declara o no declara. En caso de que decida no hacerlo no tiene ninguna sanción ni se puede presumir su participación en un hecho, en razón del principio de inocencia.

Entre abusos

Condiciones de la población carcelaria en Nuevo León de acuerdo con el Inegi:

>> 32.7

Por ciento fue detenido bajo presiones y amenazas policiales

>> 23.5

Por ciento recibió golpes con un objeto

>> 68.5

Por ciento tiene más de un año con su proceso, ante juzgados saturados de casos

>> 26.2

Por ciento sufrió algún acto de corrupción ante el agente del Ministerio Público

>> 16.5

Por ciento de los imputados tuvo los medios para contactar a un abogado para su defensa

Hasta descargas eléctricas

El estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) exhibe que en 2016 se utilizaron descargas eléctricas contra personas privadas de su libertad en el Penal del Topo Chico.

Además, según el Inegi, la tortura más recurrente incluye patadas, golpes con objetos y lesiones por aplastamientos.

“La población privada de la libertad durante el 2016 recibió patadas o puñetazos con el conocimiento de las autoridades que custodiaron durante su estancia en el Ministerio Público, mientras un 23.5 por ciento recibió golpes con un objeto”, señala el estudio.

El documento también detalla que el 68.5 por ciento de la población carcelaria en Nuevo León tiene más de un año con su proceso, motivo por el cual los juzgados se encuentran saturados de casos.

Además, solo el 16.5 de los imputados pudo contactar a un abogado para su defensa, el resto no logró una defensa adecuada, señala el Inegi

Para la Barra Mexicana de Abogados capítulo Nuevo León la operación en el Poder Judicial está rebasada en asuntos, motivo por el cual las audiencias se retrasan durante meses.

“Creo que tenemos un tema que hay un crecimiento desmedido de asuntos, donde tendríamos que tener más juzgados o un manejo diferente para darle celeridad por el lado penal, hoy por hoy tenemos salas ocupadas para las audiencias.

“Las audiencias se alargan, por todo el tema de las imputaciones, y creo que se tiene que pensar en un crecimiento de más juzgados… en el tema de infraestructura”, dijo el litigante Miguel Zarate, presidente de esta organización de abogados.

Persiste corrupción

Durante el arresto de una persona, la corrupción de las autoridades policiales continúa aún perpetrándose en Nuevo León, asegura el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El estudio de este organismo señala que se contabilizaron unos 230 casos de corrupción en personas que aún se encuentran privadas de su libertad, y que actualmente son parte de la población carcelaria del Penal del Topo Chico.

También exhibe el Inegi que 116 personas fueron víctimas de corrupción cuando estuvieron ante el agente del Ministerio Público. En total, un 26.2 por ciento de la población carcelaria sufrió algún acto de corrupción.

 
 

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