Hoy los dados giran en los casinos, a la vez que las autoridades federales y estatales recurren a su mejor mano: aventarse mutuamente la responsabilidad en torno a la tragedia del Casino Royale.

Porque a una semana del aniversario de la tarde del 25 de agosto que marcó a este país, la única acción que preparan la Secretaría de Gobernación y el Gobierno de Nuevo León es un “convenio de coordinación”.

Las autoridades planean otra vez incurrir en simulaciones, mientras las familias de 52 víctimas mortales, entre ellas dos mujeres encinta, todavía claman por  justicia.

Y es que el plan, un documento más, plantea dar atribuciones a Nuevo León que no están contenidas en la  Ley Federal de Juegos y Sorteos.

El documento promueve pasarle al Estado atribuciones exclusivas de la Federación, mientras que el gobierno etatal busca desligarse de ellas.

Una copia del acuerdo, que actualmente está en revisión en la Secretaría General de Gobierno que dirige Álvaro Ibarra, está en poder de Reporte Indigo.

Primero, la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado preparan la firma de este convenio de coordinación para llevar a cabo “acciones conjuntas de vigilancia en casinos y combatir el juego ilegal”.

Acuerdo casi idéntico al suscrito en el 2006 entre la Segob y el entonces gobernador neolonés Natividad González Parás.

Proyecto que terminó en una simulación y que hoy es más que letra muerta.

Luego, la novedad que propone este instrumento jurídico es el traspaso de atribuciones y facultades a las autoridades estatales.

Responsabilidades que tiene actualmente la Secretaría de Gobernación en materia de inspección de casinos.

De tal manera que el Estado adquiriría con la firma de este acuerdo el compromiso de implementar en Nuevo León un programa permanente de acciones para la vigilancia de los centros de juego, con la intención de detectar casinos irregulares o prácticas de juego ilegal.

Incluso, contempla que el gobierno nuevoleonés designe inspectores estatales para supervisar y vigilar los casinos, tanto los legales como los irregulares.

También plantea que la administración estatal realice visitas de observación en centros de apuestas para que detecte prácticas de juego prohibido, como el póquer, y notifique a las autoridades federales para que intervengan.

Los inspectores estatales asignados, aclara el proyecto del convenio, deberán de someterse a pruebas de control de confianza y deben ser autorizados por las instancias federales.

La Segob, por su parte, se compromete con la firma de este acuerdo a coordinar en conjunto con las autoridades estatales estas acciones de vigilancia y control de los casinos en la entidad.

Además, la dependencia federal acepta proporcionar información al Estado para identificar a los permisionarios que cuenten con autorizaciones vigentes expedidas por la Secretaría.

Y es que Nuevo León es el estado donde opera el mayor número de casinos y casas de apuestas en México.

Las autoridades calculan que existen en total cerca de 60 establecimientos, pero sólo la mitad lo hacen con permisos expedidos por la Segob.

La otra mitad lo hacen de manera irregular: unos con resoluciones judiciales expedidas por el Poder Judicial de la Federación y otros sin autorizaciones federales.

En la misma situación ilegal estaba el Casino Royale, que está cerrado desde el ataque que sufrió por el grupo delictivo de Los Zetas hace un año, el 25 de agosto de 2011.

Reporte Indigo ha revelado recientemente el descontrol que impera en el tema de casinos en Nuevo León, principalmente por la falta de vigilancia a cargo de la Secretaría de Gobernación, la autoridad competente en el tema de los centros de apuestas en México.

Las constantes resoluciones emitidas por el Poder Judicial de la Federación a favor de casas de juego contribuyen al caos y al desorden que existe en este medio.

Hoy, un año después de lo ocurrido en el Casino Royale, donde las autoridades no consignaron a ningún funcionario ni a los propietarios de la casa de apuestas por homicidio culposo, la impunidad es lo que prevalece  en este caso.

Planean convenio sin sustento legal

El ataque al Casino Royale puso al descubierto la irregularidad en la que operan la mayoría de los centros de apuestas de Nuevo León.

Tanto la Segob como el Gobierno del Estado se aventaron los “dados”, cada uno para evadir su responsabilidad en la tragedia cometida hace un año.

Hoy, el acuerdo que planean suscribir el gobernador Rodrigo Medina y Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, tiene un problema de entrada: carece de sustento legal.

En la Ley Federal de Juegos y Sorteos no se contempla la posibilidad de celebrar este tipo de convenios delegatorios para que los estados asuman las funciones de control y vigilancia de los casinos, que son atribuciones y facultades exclusivamente federales.

“En la Ley no existe la facultad de delegar esas atribuciones que son  competencia de la Secretaría de Gobernación. Es precisamente el punto que estamos analizando en el Estado”, comentó una fuente del Gobierno del Estado.

“¿Cuál será la personalidad jurídica que tendrán nuestros inspectores cuando lleven a cabo los operativos?”.

El convenio promueve la elaboración de un inventario de casas de apuestas tanto irregulares como legales que hay en Nuevo León, en conjunto con los municipios metropolitanos.

En las últimas semanas, la Segob ha solicitado a los alcaldes metropolitanos y de la zona rural información para conocer oficialmente cuántos casinos operan en Nuevo León.

Sí, la dependencia federal responsable en México de los centros de apuestas, desconoce cuántos casinos existen en Nuevo León.

Acuerdo 2006 quedó como  letra muerta