Los deudos de las víctimas del ataque al casino Royale exigen mayor justicia y sanciones contra las autoridades de los tres niveles de gobierno que permitieron a la casa de apuestas operar sin cumplir con las medidas mínimas de seguridad.
A casi a un año de la tragedia, también demandan que las instancias federales y estatales no pierdan el tiempo en suscribir convenios de colaboración, mientras el dueño del casino, Raúl Rocha Cantú, no asume su responsabilidad y permenece prófugo.
Reporte Indigo publicó este lunes que el Estado y la Federación planean suscribir un “convenio de coordinación” que carecería de legalidad, para aparentar que trabajan a raíz de la tragedia que cobró la vida de 52 personas, incluidas dos mujeres encintas.
El documento plantea dar atribuciones exclusivas de la Federación al Gobierno de Nuevo León.
Facultades que además podrían ser ilegales porque no están contenidas en la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
En tanto las autoridades proyectan esta imagen, los deudos esperan una justicia real que no ha llegado.
