CEE amarra bono y la guerra por los tomates
Como adelantamos ayer en esta columna, el incentivo millonario recibido por los consejeros de la Comisión Estatal Electoral por parte del Estado funcionó a las mil maravillas.
La CEE resolvió desechar la nueva Ley Electoral de Nuevo León, aprobada por el Congreso del Estado. El órgano que encabeza Mario Alberto Garza tomará en cuenta para las elecciones del 2018 la ley aprobada en el 2014 sin los últimos cambios como el derecho a la reelección, paridad de género y la diputaciones plurinominales.
Redes MonterreyComo adelantamos ayer en esta columna, el incentivo millonario recibido por los consejeros de la Comisión Estatal Electoral por parte del Estado funcionó a las mil maravillas.
La CEE resolvió desechar la nueva Ley Electoral de Nuevo León, aprobada por el Congreso del Estado. El órgano que encabeza Mario Alberto Garza tomará en cuenta para las elecciones del 2018 la ley aprobada en el 2014 sin los últimos cambios como el derecho a la reelección, paridad de género y la diputaciones plurinominales.
La liberación por parte del Estado del fondo de 85 millones de pesos, que garantiza el otorgamiento del bono electoral, ayudó para que los consejeros electorales tomaran partido en esta batalla jurídica que será resuelta por la Corte.
Nos dicen que en Palacio de Gobierno, el fallo de la CEE se celebró en la oficina del gobernador Jaime Rodríguez con tequila de la casa: el Bronco Independiente.
La guerra por los tomates
En Nuevo León se está registrando una peculiar versión de La Tomatina, la tradicional fiesta valenciana donde los participantes escenifican una guerra de tomates.
Pero a diferencia de la divertida celebración española, en Nuevo León lo que está en disputa es la producción de tomates del Tecnoparque El Berrendo, el proyecto que funcionaba con éxito hasta hace algunos años en el municipio de Galeana.
La semana pasada el fideicomiso Fidesur presentó una denuncia penal en contra de funcionarios de la pasada administración por la firma del contrato de comercialización de la producción del rancho El Berrendo.
Según el representante del Fidesur, el contrato es ilegal y ventajoso porque se firmó sin el aval del comité técnico, ni del consejo administrativo y sin la autorización de los involucrados en la comercialización.
Hasta ahí todo muy bien salvo un detalle: la denuncia fue presentada por Macario Núñez, representante legal de Fidesur, pero quien en la administración pasada era el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, responsable del fideicomiso y de este proyeco.
¿Será que el abogado se autodenunció en la demanda que presentó en la Fiscalía Anticorrupción del Estado?
Regresa Gina Ramos
La que se activó otra vez en la función pública fue Gina Ramos.
La exfuncionaria de Prensa en el gobierno del exgobernador Rodrigo Medina se incorporó al municipio de Guadalupe que encabeza el alcalde del PRI, Francisco Cienfuegos.
Ramos se hará cargo del área de Control y Fiscalización del Municipio de Guadalupe, responsable de atender las solicitudes de información.
De Ugo Ruiz
Colaboradores del exalcalde Ugo Ruiz se comunicaron a esta columna para aclarar que la administración sampetrina que encabezó en San Pedro no contrató los servicios del abogado Roberto Martínez.
A diferencia de los colegas Margarita Arellanes, Pedro Salgado y Víctor Pérez, Ruiz contrató un seguro que tiene años en San Pedro que paga los costos legales si llegara a presentarse una denuncia en contra de los funcionarios.
Sale la precisión para evitar confusiones.
