Apuestan a la impunidad
La agresión al Casino Royale, en donde fallecieron 52 personas inocentes, quedó sellada por la impunidad.
Mañana se cumplen cuatro años de la tragedia iniciada por el ataque de un comando del Cártel de Los Zetas, que prendió fuego al lugar.
Al extinguirse el humo del incendio, comenzó a revelarse una serie de irregularidades en la concesión de permisos para la operación del casino.
Jesús PadillaEl autor intelectual, Carlos Alberto Oliva Castillo, conocido como ‘La Rana’, se convirtió en testigo protegido
La agresión al Casino Royale, en donde fallecieron 52 personas inocentes, quedó sellada por la impunidad.
Mañana se cumplen cuatro años de la tragedia iniciada por el ataque de un comando del Cártel de Los Zetas, que prendió fuego al lugar.
Al extinguirse el humo del incendio, comenzó a revelarse una serie de irregularidades en la concesión de permisos para la operación del casino.
Las investigaciones arrojaron en un principio que este centro de apuestas era operado en sociedad por Cymsa Corporation y Atracciones y Emociones Vallarta, SA de CV, con permisos irregulares del Municipio de Monterrey y con la “autorización” del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo
Después de la tragedia, esta última empresa se deslindó de la operación del casino y aseguró haber abandonado la sociedad en 2008.
Maribel Flores de Ladrón de Guevara, quien perdió a su madre, Isabel Ladrón de Guevara, en el atentado a este casino, asegura que la impunidad en este caso lastimó a muchos familiares de las víctimas.
“(Protección Civil del Estado) fue el principal responsable. En el casino se realizó una remodelación, se supone que Protección Civil debe volver a supervisar cómo había quedado el trabajo, pero no lo hizo.
“Otra cosa, Protección Civil o Gobierno del Estado autoriza construir un casino cuando según las reglas no debe de estar cerca de una escuela, y ahí hay una a unos cuantos metros, entonces ¿quién dio el visto bueno?”, se cuestiona Ladrón de Guevara.
Mientras que la autoridad federal y estatal presumió la captura de los responsables materiales de este atentado, ligados al grupo delictivo Los Zetas, ninguno de los alrededor de 15 funcionarios municipales y estatales involucrados en la investigación fueron sancionadas por autorizar la operación del Casino Royal.
Ladrón de Guevara consideró que las autoridades involucradas en permitir la operación del casino debieron ser castigadas, para que sirva de ejemplo a otros servidores públicos.
“Que la gente se dé cuenta que si un servidor público hace las cosas mal va tener un castigo ejemplar, para que no lo vuelva a hacer otro.
“Seguramente si se hubiera hecho una inspección se hubiera evitado la tragedia, porque las puertas de salida estaban canceladas, y el primer año (2011) salieron otros detalles en el Municipio de Monterrey, el alcalde en ese entonces (Fernando Larrazábal) nunca se apareció” señaló la mujer.
En el futuro, la revisión de las instalaciones de este tipo de establecimientos es prioridad, según adelantó el equipo de transición del gobernador electo, Jaime Rodríguez.
“Queremos investigar con qué tipo de autorizaciones cuentan los negocios y si hay riesgos”, dijo Manuel González Flores, coordinador general de la transición.
La tragedia que marcó a NL
La tarde del 25 de agosto de 2011, un convoy de cinco vehículos tripulado por 13 miembros del grupo delictivo de Los Zetas, armados y con 10 bidones con 20 litros de gasolina cada uno, irrumpieron en el Casino Royale.
Rociaron el combustible en las máquinas de juego, alfombras y prendieron fuego.
En segundos, unas 100 personas quedaron atrapadas sin salida entre el fuego y el humo tóxico.
El hecho fue considerado por especialistas en seguridad como la mayor agresión a la población civil en la lucha contra la delincuencia organizada, emprendida por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
Días después del ataque, el entonces alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, y Juana María Treviño Torres, presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se intercambiaron acusaciones de la culpabilidad de la tragedia.
Por un lado Larrazábal señalaba al tribunal por permitir la reapertura del casino, mientras Treviño Torres acusó a Protección Civil de Monterrey por no verificar la ausencia de salidas de emergencia en el inmueble.
Con esta última acusación, la responsabilidad recaía en Protección Civil del Estado, que ya era dirigido por su actual titular, Jorge Camacho Rincón.
Samara Pérez Muñiz, vocera de las víctimas del atentado al Casino Royale, consideró que la corrupción de los permisos para los casinos se permitió desde que Santiago Creel era secretario de Gobernación (2000-2005).
“El día de los hechos el entonces alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, lejos de que estuviera al frente con su equipo de trabajo en el lugar de los hechos, acudió a los medios lavándose las manos.
“Con documentos que mostró de un cierre parcial a las instalaciones, las sanciones fueron meramente un trámite, quien emitió estas sanciones o recomendaciones fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH)”, dijo Samara Pérez.
El testigo protegido
El autor intelectual del atentado al Casino Royale, Carlos Alberto Oliva Castillo, conocido como “La Rana”, se convirtió en testigo protegido.
La Procuraduría General de la República (PGR) lo “habilitó” bajo el seudónimo de “Sérpico” para que facilitara información de la operación de Los Zetas.
El testigo está relacionado originalmente con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/631/2010, los expedientes PGR/SIEDO/UEIDCS/565/2011 y PGR/SIEDO/UEIDCES/559/2011, de fechas 29 y 23 de diciembre del 2011, además de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/071/2012.
Fue detenido por elementos del Ejército Mexicano en octubre del 2012 en Saltillo, Coahuila. Se desconoce si aún es testigo protegido o está recluido en una cárcel de México.
Oliva Castillo, junto con otros delincuentes de “primera línea”, tuvieron ese beneficio en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, y delataron a otros líderes de los cárteles.
De acuerdo a la investigación de la Procuraduría, “La Rana” ordenó a 13 miembros de Los Zetas quemar las instalaciones del Casino Royale porque los dueños no pagaron el derecho de piso a su organización.
Estuvo a las órdenes del extinto Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”, y de Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z40”, éste actualmente en prisión, ambos también acusados por el atentado al Casino Royale, según la PGR.
Ante la presión de la ciudadanía para castigar a quienes
Una comisión sin verdad ni castigo
Ante la presión de la ciudadanía para castigar a quienes autorizaron la operación del Casino Royale, el Congreso local anunció en octubre del 2001 la creación de la “Comisión de la Verdad”.
La comisión fue encabezada por el entonces diputado priista Héctor Gutiérrez de la Garza.
Sin embargo, el resultado quedó en sólo presentar iniciativas y un marco legal en los tres órdenes de gobierno, pues los diputados informaron que esto sería para que se eviten negligencias como en la tragedia del Casino Royale.
Los legisladores citaron a funcionarios de varios niveles, como el director de Protección Civil estatal, Jorge Camacho Rincón; a la presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Juana María Treviño Torres; y a Mario Alberto Jiménez Robles, delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el estado, entre otros.
Pero no se llegó a una sanción para los funcionarios, y ni siquiera a una separación de su cargo.
Y aunque la comisión también solicitó la comparecencia de exfuncionarios del Municipio de Monterrey por la sospecha de permisos irregulares, la comparecencia fue de mero trámite.
“Como madre de un hijo que falleció en tan lamentable hecho, jamás encontraré castigo suficiente para tan brutales actos, pero no me corresponde a mí juzgar conforme a Derecho”, dijo Samara Pérez.
Sin responsabilidad
Funcionarios aún en activo, y otros ya fuera de su cargo, citados por la Comisión de la Verdad del Congreso local como parte de las investigaciones en torno al caso del Casino Royale:
> Jorge Camacho Rincón
Titular de Protección Civil
> Juana María Treviño Torres
Presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
> Mario Jiménez Robles
Delegado de la Secretaría de Gobernación
> Norma Idalia Contreras Montes de Oca
Titular de Desarrollo Urbano y Ecología
> Francisco Andrés Ramírez Esquivel
Director de Inspección y Vigilancia local
> José Adrián González Navarro
Director jurídico del Ayuntamiento
Exfuncionarios
> Guillemo Rodríguez Páez
Exsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey
> Susana Ramos Ballesa
Exdirectora de Inspección y Vigilancia del Municipio
> Imelda Patricia Chapa
Exdirectora de Control Urbano
> Julio César García Garza
Exregidor comisionado en Alcoholes y Espectáculos de Monterrey
> Alfonso Solís Navarro
Exmagistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Nuevo León
> Jovita Morín Flores y Luis A. García Lozano
Exregidores de Monterrey
> Gerardo Garza Zambrano
Representante de la empresa auditora ADSA
> Julio Martínez Rodríguez
Director de Ingeniería del Patronato de Bomberos de Nuevo León