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‘La justicia’ de Canales y las prioridades de la Ombudsman

¿Es un delito adjudicar un contrato de servicios profesionales de manera directa?

No hay duda que para el fiscal Anticorrupción del Estado, Ernesto Canales, el funcionario que lo hace es todo un delincuente.

Una gran mayoría de los exfuncionarios medinistas que han sido vinculados a proceso penal por jueces del Poder Judicial del Estado su falta fue haber contratado un servicio profesional directamente.

En esta situación está Jorge Domene, Patricia Aguirre, Rolando Zubirán Víctor Martínez, todos ellos acusados penalmente por el Subprocurador Anticorrupción del Estado.

¿Es un delito adjudicar un contrato de servicios profesionales de manera directa?

No hay duda que para el fiscal Anticorrupción del Estado, Ernesto Canales, el funcionario que lo hace es todo un delincuente.

Una gran mayoría de los exfuncionarios medinistas que han sido vinculados a proceso penal por jueces del Poder Judicial del Estado su falta fue haber contratado un servicio profesional directamente.

En esta situación está Jorge Domene, Patricia Aguirre, Rolando Zubirán Víctor Martínez, todos ellos acusados penalmente por el Subprocurador Anticorrupción del Estado.

También está la exalcaldesa de Monterrey, la panista Margarita Arellanes y 8 de sus colaboradores, vinculados por la adjudicación directa de un contrato a un despacho de abogados por 7.5 millones pesos.

Es raro que para Canales hoy contratar directamente un servicio sea un abuso de funciones cuando no hace mucho tiempo él y su despacho privado fue beneficiado por esta “funesta práctica”.

O ya se le olvidó al señor fiscal que durante la segunda gestión de Mauricio Fernández como alcalde de San Pedro, fue contratado por el municipio para defenderlo de las acusaciones de la PGR que pretendían vincular al edil panista con el Cártel de los Beltrán Leyva.

Para refrescarle la memoria a don Ernesto le recordaremos lo que cobró por sus servicios profesionales para defender a Mauricio: 11 millones de pesos.

Y sí… el contrato que firmó el Municipio de San Pedro fue adjudicado de manera directa, sin licitación de por medio.

¿Le suena, don Ernesto?

Las prioridades de la Ombudsman

Qué rapido reaccionó la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Sofía Velasco, quien ordenó ayer iniciar una investigación sobre el video que circuló en redes sociales donde una pasajera viajó colgada por fuera de un vagón del Metro.

Para la CEDHNL, hubo posibles actos de omisión a los protocolos de seguridad por parte de Metrorrey, que falló en la supervisión y garantizar la seguridad de los pasajeros y del personal.

Hay que reconocerle la celeridad con la que actuó la titular de la CEDHNL en este caso mediático que no pasó a mayores y quedó como una travesura juvenil.

Pero la verdad nos gustaría ver a la señora Velasco así tan echada para adelante en otros casos de mayor importancia para Nuevo León.

Por ejemplo verla actuar para detener la violencia que viven las mujeres de Nuevo León.

Justo el lunes, el día que se ventiló el video de la chica “mosca” en el Metro, fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en una brecha en el municipio de Salinas Victoria. Se le encontró desnuda y con el tiro de gracia.

Según reportes extraoficiales, en lo que va del año han asesinado en Nuevo León más de 40 mujeres desde que se activó la Alerta de Violencia de Género en la entidad.

¿Hubo algún pronunciamiento de la CEDHNL? ¿Condenó al menos la señora Velasco la muerte y la violencia que viven las mujeres en el estado?

No, claro que no. La Ombudsman estaba en otros asuntos más importantes.

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