2018: Gobierno de coalición?

La idea de un gobierno de coalición toma fuerza como alternativa rumbo a la sucesión presidencial en 2018, una batalla electoral que se antoja áspera y donde se espera una fragmentación del voto sin precedentes.

Es precisamente en este escenario, donde la opción de formar esta alternativa de gobierno cobra mayor relevancia, pues no solo podría garantizar una mayoría en el Congreso al próximo presidente, sino que dotaría de una mayor legitimidad y gobernabilidad a su mandato.

La posibilidad para que los partidos opositores puedan integrarse al gobierno, aunque pierdan la elección presidencial, es un incentivo que rompería el paradigma político, cambiando la dinámica de enfrentamiento por una dinámica de cooperación.

Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirma que la formación de un gobierno de coalición en 2018, es una posibilidad no solo viable, sino necesaria debido a los tiempos políticos que se viven en México.

“Es necesaria en cuanto a que, para la gobernabilidad democrática del país se requiere la posibilidad de que el presidente cuente con la mayoría en el Congreso”, señala Valadés. “La mayoría que cuenta es la que da votos en el Congreso, porque es con la que se aprueba el presupuesto, la ley de 

ingresos y la legislación necesaria para la instrumentación del programa de gobierno”.

En el arranque de la administración de Enrique Peña Nieto se suscribió el Pacto por México, un “ensayo” de lo que podría ser un gobierno de coalición, donde se plantearon reformas en aras de la gobernabilidad, con el consenso de las principales fuerzas políticas.

Fue precisamente a raíz de este acuerdo que surgió la Reforma Política de 2014, en donde se estableció por primera vez, en los artículos 76 y 89 de la Constitución, la posibilidad de que el presidente forme un gobierno de coalición a partir del 1 de diciembre de 2018.

Diversos actores de las principales fuerzas políticas se han pronunciado a favor esta alternativa, aunque reconocen que se tiene que trabajar en acuerdos e incentivos desde ahora, para evitar la polarización en el proceso electoral y un posible conflicto postelectoral.

“Si elevamos el nivel político y hay una visión de estado, los actores podemos trabajar desde ahora para bajar la polarización, pero de todas maneras tenemos que hacer incentivos y el hacer un cambio de régimen y proponer los gobiernos de coalición por supuesto que incentiva”, asegura Fernando Belaunzarán, exdiputado perredista.

Por su parte, el senador panista Roberto Gil, afirma que ya no se puede poner en juego todo el capital político en una elección, pues eso es lo que genera la división y el encono, por lo que aboga por una menor confrontación entre las fuerzas políticas.

“Si todo está en juego en una elección y hay pocos o nulos incentivos a ganar algo después, pues evidentemente el tono de ruptura es cada vez mayor, pero cuando uno necesita al otro para gobernar o puede acercarse al otro, los incentivos cambian y los tonos disminuyen”, señala el senador blanquiazul.

Los detractores

Pero no todos defienden la conveniencia y la viabilidad de la formación de gobiernos de coalición. 

Aún con la proyección de que el próximo presidente de la República podría llegar con un porcentaje de votos de entre un 25 al 30 por ciento, esta propuesta cuenta con detractores.

Aunque los principales partidos políticos, PRI, PAN y PRD, podrían suscribirse a un gobierno de coalición, Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador difícilmente se sumaría a cualquier proyecto que significara pactar con otras fuerzas políticas.

Para Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE, el gobierno de coalición es una propuesta demasiado teórica, incluso ingenua para tratar de resolver los problemas del sistema presidencial.

Ugalde considera una opción más real lo de una segunda vuelta electoral que la propuesta de un gobierno de coalición.

“La segunda vuelta te puede conducir naturalmente a negociaciones entre partidos. Eso me parece más claro, más nítido, más eficaz, que el tema de meter figuras parlamentarias en un sistema presidencial”, dice.

Un sistema obsoleto

El debate por la formación de gobiernos de coalición sería impensable hace 30 o 40 años, en el apogeo del sistema de partido hegemónico, donde un único instituto político, no solo tenía la presidencia de la República, sino la mayoría en el Congreso.

Sin embargo, a finales del siglo pasado, el sistema político presidencialista comenzó a notar los primeros signos de un cambio de tendencia que se volvió irreversible, primero la caída en los porcentajes de votación del presidente electo y eventualmente la pérdida de mayoría en el Congreso y la pluralización del mismo.

Fue en 1994, cuando el primer presidente con menos del 50 por ciento de respaldo en las urnas llegó al poder, fue Ernesto Zedillo, quien quedó electo con un 48.6 por ciento de los votos. 

Sin embargo fue en 1997, cuando las señales de la necesidad de un cambio en el sistema político se hicieron evidentes, pues en las elecciones intermedias, el partido en el poder, en ese entonces el PRI, perdería la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

En el 2000 llegó la transición con el arribo a la presidencia de Vicente Fox, sin embargo, la tendencia se ha venido haciendo más evidente, los candidatos presidenciales triunfadores han obtenido cada vez menor respaldo en las urnas, y de 1997 a la fecha ninguno ha tenido mayoría en el Congreso.

Este nuevo contexto político dio origen a una nueva relación entre el ejecutivo y el legislativo, así como entre los partidos políticos, y a lo largo de estos años ha sido indispensable el consenso y la negociación entre los diversos actores para propiciar la gobernabilidad.

Hoy, con una mayor pluralidad en el poder legislativo, con una oposición beligerante cuyo éxito electoral depende del fracaso del partido en el gobierno, parece necesario un cambio en los incentivos para las fuerzas políticas que pueda originar un nuevo modelo de cooperación y corresponsabilidad en los éxitos y fracasos del gobierno.

Con la mira puesta en 2018, diversos factores, tales como el surgimiento de nuevos partidos políticos, las candidaturas independientes y el hartazgo hacia la clase política, presagian una votación aún más fragmentada que la de 2012.

Además, el encono y la polarización que podría suscitarse entre las fuerzas políticas y el potencial conflicto postelectoral, hacen necesario un replanteamiento en la correlación de fuerzas políticas, así como en la conformación de gobierno.

Que el que gane, no lo gane todo, y el que pierda, no lo pierda todo.

Pluralidad sin efectos

Para Diego Valadés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, uno de los síntomas más preocupantes del actual sistema político y de gobierno, es que los resultados de las urnas y la integración del legislativo no tiene efectos en la administración.

“La integración plural del Congreso no tiene efectos, no trasciende, no repercute en la integración del gobierno, no solo por lo que respecta a las posiciones políticas y administrativas, sino por lo que respecta al programa de gobierno”, detalla.

Esto se ve claramente reflejado, afirma, en que aún sin ser respaldados en la mayoría en las urnas, el presidente cuenta con la totalidad del ejercicio de poder en el gobierno, y aquellos que no votaron por él, podrían no participar en las grandes decisiones nacionales.

“Nuestro sistema político hiperpresidencialista es claramente obsoleto. Los presidentes siguen comportándose como si siguiera existiendo la hegemonía de partido. Siguen ejerciendo el poder, ocupándolo en su totalidad como ocurría durante la hegemonía”, asegura.

Valadés, uno de los defensores y promotores de la integración de un gobierno de coalición, considera que la figura presidencial se ha debilitado en los últimos años por el ejercicio monopólico del poder, por lo que la figura del gobierno de coalición, si bien, no sería la panacea, permitiría el fortalecimiento del ejercicio del poder.

“En la medida que compartan el poder, serán más fuertes, democráticamente hablando. Tendrán mayor apoyo social, mayor apoyo político y mayor autoridad política. El gobierno de coalición va a permitir muchas mejores condiciones de gobernabilidad”, indica el experto.

Otro efecto favorable sería en la oposición, que pasaría de cuestionar lo que el gobierno hace a estar involucrados en las decisiones del mismo.

“A diferencia de lo que ocurre hoy que a los partidos lo que les interesa es el fracaso del gobierno, para poder tener éxitos electorales, estarán interesados en el éxito del gobierno, porque serán copartícipes de ese éxito y se invertirá el sentido de la política”.

Contrapeso real

Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE, a quien le tocó sortear la ríspida elección en 2006, no cree que los gobiernos de coalición sean la solución para mejorar la eficacia del sistema presidencial mexicano.

“A mí no me parece apropiado las figuras parlamentarias en un sistema presidencial. Me parece que se trata de propuestas demasiado teóricas, incluso ingenuas para tratar de resolver los problemas de un sistema presidencial que no ha funcionado”, indica.

Aunque considera que la segunda vuelta electoral como una alternativa más clara para propiciar la gobernabilidad, lo prioritario sería replantear el papel de los congresos y de la oposición.

“En México no ha habido un sistema de contrapesos, porque a pesar de que tenemos gobiernos divididos, los congresos no han funcionado como un contrapeso real de los poderes ejecutivos.

“Más que andar buscando gobiernos de coalición, lo que necesitamos es que la oposición haga su trabajo de ser un contrapeso, es más importante la función de contrapeso que la función de coalición”, refiere.

El principal papel de la oposición, desde su perspectiva, es cuestionar, vigilar e investigar el ejercicio del gobierno, con mayor ahínco y fortaleza que como se ha hecho durante la actual administración.

“Lo que en México se necesita es acotar el ejercicio del poder, no estar generando gobiernos de consenso, los gobiernos de consenso crean muchos problemas”, añade.

 Ugalde advierte que la tendencia a una mayor fragmentación del voto no solo podría tener repercusiones en cuanto a gobernabilidad, sino que incluso, podría vivirse un conflicto poselectoral que pondría en riesgo cualquier consenso.

“A mí me parece que el voto fragmentado plantea un problema para la aceptación del resultado, y me parece que puede haber un conflicto poselectoral muy agudo por la fragmentación del voto y la litigiosidad del sistema y este es un tema muy preocupante”, concluye.

Gobernabilidad, la prioridad.-Manlio

El priista Manlio Fabio Beltrones es uno de los principales promotores de la formación de un gobierno de coalición en 2018. Recientemente participó en un diálogo junto a José Woldenberg y Roberto Gil, donde abordaron este tema.

El sonorense señaló en el encuentro, que el sistema político debe modernizarse, pues, aunque funcionó en otros tiempos, debe adaptarse a las circunstancias actuales.

“Es la hora de plantearnos algo sólido, algo profundo, algo nuevo, algo distinto a lo que hemos vivido en los últimos tiempos. Iniciaríamos una nueva época en donde veríamos que consolidamos un sistema democrático por el que hemos trabajado por mucho tiempo desde distintas trincheras”.

En la actual legislación, aparecen los gobiernos de coalición como una facultad potestativa del Presidente de la República, es decir, que el presidente está facultado, mas no obligado a formar una coalición, y bien podría seguir gobernando en minoría.

Una de las propuestas del expresidente del PRI, es incluir una cláusula de obligatoriedad a formar un gobierno de coalición, en caso de que el Presidente quede por debajo del 42 por ciento de la votación, y de esta forma, se aseguraría la gobernabilidad.

Beltrones está convencido de que la fragmentación que se ha venido dando en los últimos años aún no es tan acentuada, sin embargo, es una señal de lo necesario de un cambio de esquema.

“La fragmentación viene y nos está avisando algo, nos está avisando que nos tenemos que preparar al respecto. Hay que pasar del antiguo debate sobre la legitimidad hacia la gobernabilidad”.

Aunque reconoce que en los últimos años los acuerdos se han dado por necesidad y pragmatismo entre las fuerzas políticas, considera que es hora de consolidar en una reforma legal la obligatoriedad de consenso.

“El sistema político no debe sustentarse solamente en el pragmatismo, sino en algo cierto, aquello que nos obligue, constitucional y legalmente a acordar entre las fuerzas políticas que se llame gobiernos de coalición”.