Una república violenta

24 de May, 2013

"No muchos andamos con el mismo tema, pero siguiendo caminos diferentes (...) Así, los esfuerzos están dispersos y los resultados siguen siendo insatisfactorios mientras que los feminicidios se esparcen en un contexto de violencia generalizada"

Si bien en la mayoría de las entidades federativas el feminicidio ya está tipificado aún falta que lo hagan Baja California Sur, Michoacán, Nuevo Léon, Querétaro y Sonora. 

En dichos estados se priorizará la atención de los trabajos de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en relación a los Feminicidios registrados en México, quien acordó en su sesión pasada realizar diversos foros estatales en el país. 

Guadalupe Flores Salazar, quien preside la comisión, destacó que se pondrá especial atención en entidades como el Estado de México, donde las cifras del femincidio “son alarmantes”, pero también en aquellos estados donde han sido solicitadas “alertas de género”: el caso de Morelos, Hidalgo, Guanajuato y Oaxaca. 

En esos estados, las organizaciones sociales han observado que la violencia hacia las mujeres se ha disparado de forma creciente, por lo que han solicitado a diversas instancias de autoridad se active el mecanismo de protección colectiva. 

De hecho, la solicitud ha sido llevada ante la Secretaría de Gobernación, pero esta han sido rechazada.

La Comisión Especial sobre Feminicidios de San Lázaro se encuentra elaborando un estudio minucioso de las entidades donde, aunque el feminicidio está tipificado, no hay mecanismos suficientes para detenerlo, asegura la diputada Margarita Tapia Fonllem.

De acuerdo con algunos organismo sociales, los gobernadores temen el desprestigio que generan las alertas de género y por ello les cuesta reconocer tales mecanismos.

La secretaria de esta comisión especial considera que por tal motivo las primeras acciones se abocarán a trabar un vínculo con las autoridades de cada entidad. 

Los foros estatales serán la antesala de diversas entrevistas con gobernadores, procuradores, institutos estatales de las mujeres y organizaciones de la sociedad civil que están activamente trabajando en el tema.

Lo nodal es ir avanzando en el establecimiento de mecanismos y responsabilidades que implicarían echar a andar tales alertas de género, agrega.

La legisladora perredista considera que hay que afinar todavía ese mecanismo; en eso hay razón y no en que se le va a dar mala fama a las entidades.

“La mala fama ya la tienen”, precisa.

Tapia considera que las cifras son un problema que atañe a todo el país. 

“Hay varias encuestas nacionales sobre violencia hacia las mujeres o de género, pero cuando uno trata de comparar los datos, nos topamos con dificultades porque se usan distintas metodologías”.

Por ello se tiene que construir a nivel nacional un mecanismo que permita construir no solo bases de datos en relación con los feminicidios, sino en relación a toda la violencia de género que se vive en el país.

Reconoce se han hecho esfuerzos y que se cuenta con datos parciales, pero no se cuenta con una base de datos completa para conocer todos los tipos de violencia que se están generando en los distintos espacios públicos, recalca.

Lo mismo ocurre con los feminicidios, dice, se ha tenido que recurrir muchas veces al estudio de la nota roja para poder ir documentando, desde la sociedad civil y a veces hasta del mismo Congreso, porque no existen esos mecanismos adecuados y profesionales con información actualizada.

Tapia tiene muy clara la meta que quieren alcanzar tras realizar los foros estatales, la idea, dice, es que puedan culminar en un foro nacional en donde los compromisos de todas las autoridades involucradas, y también de la sociedad civil, sean para atender esta problemática a nivel nacional. 

“Poder establecer mecanismos de seguimiento y evaluación porque algunos dicen que sí los hay y otros que no. 

“Otros dicen que se está avanzando pero que no es tan significativo y que lo que sucede es que ahora se denuncia y por ello el registro es mayor”, asegura.

La diputada además señaló que buscarán unir los esfuerzos de otras organizaciones sociales y de derechos humanos que también están trabajando en el tema.

“No muchos andamos con el mismo tema, pero siguiendo caminos diferentes, como si no hubieran puntos de encuentro. Así, los esfuerzos están dispersos y los resultados siguen siendo insatisfactorios mientras que los feminicidios se esparcen en un contexto de violencia generalizada en México”, concluyó.