Un sexenio ‘manchado de sangre infantil’

Cristóbal Herrera fue asesinado mientras corría para esconderse debajo de un carro. Había llevado a reparar los frenos de la camioneta de su mamá al taller mecánico Mega 2000 en Culiacán, Sinaloa. Era julio de 2008, tenía 16 años.

Bryan Almanza murió en brazos de su madre, quien corría al monte para esconderse de las balas de los militares, a un lado de la carretera La Ribereña que va de Nuevo Laredo a Matamoros, en Tamaulipas. Había cumplido cinco años.

A pocos metros, dentro de la camioneta en que sus padres los llevaban a la playa Bagdad, en Matamoros, por las vacaciones de Semana Santa, falleció, también baleado, su hermano mayor Martín. Era abril de 2010, tenía nueve años. 

En el segundo aniversario de estas muertes, en Tacotalpa, Tabasco, aparecieron en una fosa clandestina los cuerpos de Blanca Patricia, Jesús Alberto, Gustavo y Samuel. Los peritos consignaron que presentaban un estado avanzado de descomposición y que habían muerto por asfixia. Tenían 7, 8 y 10 años.

Durante el sexenio de Felipe Calderón murió asesinado en México un niño cada 25 horas. En total fallecieron, ejecutados o víctimas de fuego cruzado, mil 969 menores de edad entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012.

Estas cifras son producto de los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del conteo hemerográfico que ha hecho desde 2010 la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

Incluye solo a los menores cuyas muertes han quedado asentadas en actas de defunción, en la prensa nacional o en algunos portales de Internet.

No se cuentan aquí los desaparecidos, los que yacen en fosas clandestinas, los que no fueron denunciados o los que solo quedaron registrados en la nota policiaca de diarios locales.

Los nombres de estos niños no aparecen en el memorial a las víctimas instalado en Campo Marte. La mayoría tampoco ha figurado en la prensa. 

Registros de miedo

El asesinato en Connecticut, Estados Unidos, de 20 alumnos de primer grado en la escuela primaria Sandy Hook, removió el dolor de las madres de muchos de los menores muertos por homicidio en México durante la “guerra al narcotráfico”.

La masacre en EU también les ha recordado a las madres la impunidad de estos asesinatos. El año pasado, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas llamó a comparecer a México en Ginebra. 

Expresó su preocupación por el número creciente de asesinatos de menores durante el sexenio calderonista. Emitió recomendaciones que el Estado mexicano no ha cumplido.

“Lo más que se logró, esto fue por el liderazgo personal de Margarita Zavala (…), se redujo solo a capacitación. No quedó un marco normativo, no se tradujo en una institucionalidad, de tal forma que la reciente administración que inicia no sabemos todavía si retomará este tema”, explicó Juan Martin Pérez García, director ejecutivo de REDIM. 

El estudio más reciente de esta Red, actualizado a diciembre de este año, estima que la causa de muerte en el 60 por ciento de los fallecimientos por homicidio de menores de edad en México desde 2006 ha sido por arma de fuego.

Según Dolia Estévez, corresponsal en Washington de Noticias MVS, el tipo de rifle AR-15 usado para la matanza de Connecticut es el más comercializado en el mercado negro que trafica armas de Estados Unidos a México.

Es también el mismo tipo de arma con el que fueron asesinados 16 jóvenes, algunos de ellos menores de edad, en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en enero de 2010.

El uso de esta arma fue dado a conocer por la cadena de televisión hispana de EU, Univision, en una investigación del periodista Gerardo Reyes.

Lograron documentar que formaban parte de la operación Rápido y Furioso, por la que se permitió la entrada a México de 2 mil armas estadounidenses a manos de las propias autoridades antidrogas de ese país.

Los estados en donde más niños han sido asesinados son Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Sinaloa, seguidos de Coahuila, Durango, Tamaulipas y Zacatecas.

Para 2011, de acuerdo con el análisis de REDIM, disminuyó el número de adolescentes entre 15 y 17 años que murieron por impacto de arma de fuego, pero no por una baja real, sino porque sus fallecimientos ocurrieron por muertes más violentas, como decapitaciones y desmembramientos.

“A partir de 2010, los niños comenzaron a ser utilizados como blanco de ataques. Observamos, sobre todo en 2011, el incremento de la saña, la violencia, la tortura y el desmembramiento de cuerpos infantiles y de adolescentes como expresiones extremas de violencia del crimen organizado. 

“Eso nos da cuenta que el efecto mediático y de terror que querían lograr era mucho mayor cuando lo hacían con niños y niñas”, explica el director ejecutivo de REDIM.

El conteo hemerográfico que ha realizado esta organización desde 2010 muestra que el último año de Calderón fue el más violento para los menores. 

Fue cuando los hermanos Almanza fueron asesinados en Tamaulipas a manos de elementos del Ejército. Cuando Calderón recibió a Cinthia, la madre de los menores, “parecía más ofendido el presidente, fue muy frío, muy descortés”, relató desde Nuevo Laredo su abogado, Raymundo Rivas.

Hasta el 6 de diciembre pasado habían fallecido por homicidio en promedio 24 menores al mes. Los más afectados eran los varones entre 15 y 17 años, que sumaron 182 solo en 2012.

El incremento en la violencia que ha registrado el estado de Guerrero a raíz de la captura y abatimiento de los capos Édgar Valdez Villarreal, Arturo Beltrán Leyva y Sergio Villarreal Barragán, con la consecuente atomización de los grupos del narcotráfico locales, también afectó a los niños.

Tras estas capturas, REDIM ha documentado que 65 menores fueron asesinados allí.

Las perspectivas de justicia son escasas, ya que la Red determinó que de acuerdo con la información recabada al momento del asesinato, en “el 80 por ciento de las muertes no se pueden vincular a un grupo en específico y su resolución probablemente quede en la impunidad. 

“Solo en uno de cada 10 se puede vincular directamente con grupos del crimen organizado, ya sea porque el cuerpo iba acompañado de un mensaje, o porque la muerte resultó directamente de un enfrentamiento entre fuerzas amadas”.

Pérez García considera preocupante que el gobierno no asumiera con seriedad la investigación de los asesinatos.

“El sexenio de Felipe Calderón será una mancha de sangre infantil para nuestro país”, opina Pérez García.

“Ni a dónde escapar’

La mañana del 10 de julio de 2008, comenzaron a fallar los frenos de la camioneta de Trinidad Herrera, una contadora radicada en Culiacán. Su hijo mayor, César, se ofreció a llevarla al taller Mega 2000 para una revisión. Lo acompañó su hermano Cristóbal. 

Cuando Trinidad escuchó ruidos de helicópteros sobrevolando la colonia supo que algo había pasado, pero jamás pensó que tendría que ver con ella. 

Incluso cuando César la llamó para decirle que “habían balaceado el taller y no encontraba a Cristóbal”, aún pensó que podía haberse refugiado en alguna casa vecina. 

“Cristóbal corrió como cualquier muchacho, yo también hubiera hecho lo mismo, pero como era un taller que no tenía salida, era una barda altota, pues para dónde corría o qué más hacía, no había posibilidades de que pudiera escapar, entonces ahí quedó Cristóbal”, relata su madre.

“Antes por el que iban le hacían lo que tenían que hacer y se iban, pero en este caso no, abrieron fuego contra todos los empleados que estaban ahí, a todo lo que se moviera le empezaron a tirar ahí”.

César sobrevivió al meterse debajo de una camioneta de la Policía Federal que estaba con otras de esa corporación esperando a que la repararan en el taller. Su hermano tuvo menos suerte. El coche donde intentó resguardarse tenía la suspensión baja y no tuvo espacio. 

Luego comenzó el viacrucis. Después de cuatro años, no hay un solo detenido por el caso y los propios investigadores le han dicho a Trinidad que “mejor no le mueva”.

La contadora se unió al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y con ello logró que la PGR atrajera el caso a la capital. Tampoco hubo mejoría. 

“A veces hablo a la PGR, pero por teléfono no dan información. Entonces nada más hablo como quien dice para saludarlos, porque ellos no me dicen nada”.

Trinidad ha acusado que el dueño del taller es un lugarteniente del Cártel de Sinaloa. Ha pedido que la PGR entreviste a sus familias, a sus socios, pero no lo han hecho.  Logró ver en el expediente la entrevista que le habían hecho a Jorge Ávalos Meza, supuesto propietario del taller, y supo que solo le habían preguntado su nombre, su ocupación y si sabía algo del ataque. El hombre dijo que no sabía nada y lo dejaron ir, sin mayor trámite.