Una nueva guerra se está librando dentro de los cuarteles militares de México: un grupo de generales se están enfrentando entre sí para ocupar la silla de la Secretaría de la Defensa Nacional el próximo sexenio. Y para lograrlo, se ha filtrado información que pone en riesgo al propio Ejército.
La revelación en un diario nacional de documentos que detallan pormenores de la compra de equipo táctico de comunicación y vigilancia por 5 mil millones de pesos, ha causado un profundo malestar dentro de las fuerzas castrenses.
Y en todo esto existe un mensaje, ya que la filtración da a conocer las capacidades ocultas del Ejército para combatir al crimen organizado, lo cual da una ventaja a los grupos y cárteles porque cuentan con información valiosa para enfrentar a las fuerzas armandas.
Además de que es un delito grave dar a conocer secretos de seguridad nacional que vulneran la lucha de la Secretaría de la Defensa Nacional contra los grupos criminales.
Pero, sobre todo, es un delito lesivo para México porque es una traición a la patria considerando que se ocasiona un daño patrimonial a las instituciones y se pone en riesgo la vida del personal del Ejército y la Fuerza Aérea.
Las justificaciones
Supuestos funcionarios de la Sedena aseguran que una parte del equipo adquirido fue destinado a un grupo compacto de militares que presuntamente lo utilizarían para hacer tareas de inteligencia política.
De acuerdo a El Universal, este grupo sería encabezado por el general Augusto Moisés García, quien fue secretario particular del ex secretario de la Defensa Clemente Vega y hoy funge como director general de Administración de la Sedena.
Un aspecto a considerar es que se reveló información de los proveedores de equipo táctico a los que recurren las dependencias responsables de salvaguardar la defensa y la seguridad nacional.
Testimonios de algunos funcionarios militares sugieren que los documentos podrían haber salido de la oficina del subsecretario de la Defensa, el general Demetrio Gaytán, y que fueron filtrados a través del jefe del Estado Mayor, el general Luis Arturo Oliver.
Ha pasado un año desde que se reportaron pugnas al interior de las fuerzas armadas para ganar el poder político que requiere un general de División para aspirar a ser secretario de la Defensa.
Y durante los últimos meses, ha habido pesquisas de altos mandos de seguridad nacional y hasta generales asesinados, lo que sugiere que existe tensión al interior del núcleo militar.
¿Regreso a los cuarteles?
El 10 de abril pasado, Enrique Peña Nieto declaró que crearía una policía nacional con 50 mil efectivos entrenados en tácticas paramilitares para sustituir a los efectivos militares y navales que están desplegados en las áreas más vulnerables y con menor presencia del Estado.
Es muy probable que se refiriera a Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y otras entidades de la frontera sur del país.
Para ello, más de 60 mil efectivos militares tendrían que regresar a los cuarteles gradualmente. Y gradualmente significa que el proceso podría llevarse a cabo en cinco años.
El entonces candidato presidencial del PRI también consideró necesario incrementar el tamaño de la Policía Federal. Pero su propuesta no es clara aún, ya que no ha precisado los detalles de su estrategia.
En tiempos electorales, era impensable creer que dar la espalda a las fuerzas armadas –después de cinco años de ardua, cansada y sangrienta guerra contra el crimen organizado– era una buena jugada política.
Y ahora, ante el actual clima postelectoral, es improbable que Peña Nieto y su equipo propongan un cambio de táctica.
Por ello, el político mexiquense montó desde hace un año una intensa campaña que le permitiera ganar espacios y aliados en el seno de las fuerzas castrenses.
Con este objetivo en mente, el hoy virtual presidente electo operó a través de su bancada en la Cámara de Diputados el debate sobre la Ley de Seguridad Nacional.
Uno de los legisladores designados fue el priista nuevoleonés Rogelio Cerda Pérez, quien preside la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional en la cámara baja.
Otra pieza clave fue el entonces dirigente nacional del tricolor, Humberto Moreira.
Mientras el debate seguía su curso en la Cámara de Diputados, hubo una serie de movimientos al interior de la Sedena y posteriormente en la Semar, lo que terminaría de consolidar el espaldarazo de la élite militar al candidato tricolor.
Por una parte, las posiciones más importantes de la Sedena fueron cubiertas por dos viejos amigos de Moreira, el ex gobernador de Coahuila: el general de División en retiro Roberto Miranda Sánchez fue nombrado inspector y contralor general del Ejército y la Fuerza Aérea en 2011; y el también general de División DEM Jorge Juárez Loera fue designado oficial mayor de la Sedena.
Ambos habrían fungido como encargados de la XI Región Militar en la zona norte del país, con sede en Coahuila, cargo que ahora ocupa el recién ascendido general Roberto de la Vega.
El general Miranda Sánchez fue jefe del Estado Mayor durante el sexenio Zedillista y acaparó la atención cuando fue designado comandante del desfile militar del 16 de septiembre pasado. Distinción que tradicionalmente se da a los generales que están mejor posicionados para suceder al secretario de la Defensa.
Cuatro meses después, el 16 de enero de este año, fue el orador principal durante la ceremonia de retiro de 32 generales de División en el Campo Marte. El cargo de contralor que ocupaba Miranda fue cubierto por el general Marco González Barreda.
