La propuesta de renovación de la flota área presidencial ha generado controversia. 

En el revuelo político, las quejas sobre el precio estimado del nuevo transporte aéreo presidencial han provenido de todas las trincheras.

Y es que la cifra estimada que se requiere para la renovación del equipo de aerotransporte presidencial es de aproximadamente 750 millones de dólares, casi 10 mil millones de pesos.

Este número tomó por sorpresa a la opinión pública y las críticas fueron inmediatas. 

Sin embargo, el trasfondo técnico del cambio de flota aérea presidencial ha sido poco analizado.

El secretario de Gobernación Alejandro Poiré declaró que la renovación de la flota aérea presidencial es un asunto de seguridad nacional, un dicho que fue también criticado.

Sin embargo, al poner los datos en contexto esta percepción cambia. El avión presidencial actual, el TP-01 “Presidente Juárez” tiene 24 años de uso.

Fue tramitado por la administración del presidente Miguel de la Madrid en los últimos meses de su administración en 1987.

En ese entonces la empresa Boeing entregó un aeronave 757-225 que costó 43 millones de dólares al gobierno de México.

Es el mismo Boeing 757 que ha transportado a cinco presidentes de la república.

Con el paso del tiempo México ha consolidado estrechas relaciones con decenas de países, formando parte de múltiples alianzas, tratados y participado en diferentes foros en el extranjero.

El TP-01 ha acumulado más millas que cualquier otro transporte presidencial. Sin embargo, aunque el avión presidencial es funcional todavía, carece de avances tecnológicos que dificultan un rendimiento seguro y eficaz del jefe de Estado.

Por ejemplo, esta aeronave no es capaz de hacer vuelos transatlánticos sin reabastecerse de combustible en algún punto intermedio.

Aunque los detalles de los sistemas de seguridad del aeronave son confidenciales por mandato de la ley de seguridad nacional, es bien sabido que los sistemas de defensa del aparato no cuentan con los últimos avances tecnológicos.

Carece de sistemas antimisiles, sistemas de comando y comunicación en caso de guerra o situación de riesgo en México, entre otros.

La delicada situación de guerra contra el crimen organizado ha obligado al Estado Mayor Presidencial a redoblar su esfuerzos y a actualizarse para garantizar la seguridad del presidente. 

La seguridad del comandante supremo de las fuerzas armadas es un imperativo de la seguridad nacional. 

Para lo anterior existen distintas justificaciones. Una tiene que ver con nuestro sistema legal. 

Aunque la recién aprobada reforma política lo aborda de cierta manera, la inexistente figura de un vicepresidente puede suponer que ante la falta absoluta del jefe del ejecutivo el interés nacional sería vulnerable.

Ya sea por el desequilibrio político que pudiera desestabilizar al país, o la falta de un tomador de decisiones ejecutivas ante alguna emergencia nacional. 

También prevalece que con un gobierno inestable el país es propenso a un ataque por parte de un actor que quiera aprovechar las condiciones nacionales. 

Aunque son supuestos hipotéticos, son elementos que deben verse desde la perspectiva nacional y no política.

La llamadas de atención han sido determinantes. La nueva ley determina que si hubiera falta absoluta del Presidente, el secretario de Gobernación se encargaría del poder Ejecutivo.

Ante ello, salta a la vista que tan solo en la administración del presidente Calderón murieron dos secretarios de Gobernación. Coincidentemente en accidentes aéreos. 

Inconclusas las investigaciones, es incierto si se trató de un error de los pilotos, una falla mecánica o un atentado.

Con 24 años de uso, el avión presidencial y la flota aérea de Los Pinos han necesitado constante mantenimiento, con un costo de 769 millones de pesos en lo que va del sexenio.

La presencia de México en el extranjero y su participación en asuntos internacionales es un asunto de interés nacional. 

Para ello se necesitan garantías de seguridad que proyecten al país en general como una nación sólida y emergente.

Un atentado contra el presidente ya sea a bordo de aeronaves o en tierra ante el clima de inseguridad mandaría el mensaje equivocado a nuestros socios y aliados en el extranjero.

El precio a detalle

Aunque la cifra que proponen las instancias correspondientes para la compra del nuevo Boeing 787 Dreamliner es considerablemente grande, el precio bruto del aparato es de 243 millones de dólares, según la empresa Boeing.

El resto del presupuesto destinado a esta rama, se destinaría a equipar el aparato con las últimas tecnologías de defensa y modificaciones necesarias para transportar al presidente, gabinete, comitiva y a más medios de comunicación que cubren los viajes del ejecutivo.

Sin duda un elemento clave está en transparentar todo el proceso de compra de la aeronave.

Pese a las condiciones de la ley de seguridad nacional, el gobierno deberá presentar un informe al Congreso sobre la compra y el otorgamiento de contratos con empresas para el mantenimiento.

Este último ha generado ya controversia en la Sedena, y aunque la actual flota aérea es trabajada por las empresas extranjeras Landmark Aviation e Iberia Líneas Aéreas, con la llegada de la nueva administración y con miras a recibir el nuevo avión se deberá prestar mucha atención a los contratos de mantenimiento.

México

Boeing 787 Dreamliner

> Precio: 757 millones de dólares