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SNA: Resistencia civil

Este miércoles arranca el Sistema Nacional Anticorrupción y lo hará entre severas críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil por el retraso en los nombramientos en el Senado y el fuerte rezago que existe en los estados en el proceso de implementación del SNA

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A dos días de que el SNA deba operar, el Senado ha fallado en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
En ejercicio de su soberanía, cada entidad fijará las reglas con que operará su propio Sistema; Chihuahua es el estado más atrasado en su implementación
En algunas entidades, la aprobación del Sistema Estatal Anticorrupción se convirtió en una lucha entre el poder Ejecutivo y el Legislativo para evitar una intervención indebida
Aunque el sistema está listo para castigar la corrupción, algunos gobernadores han designado en los órganos de justicia a personajes cercanos
El gobernador de Nayarit nombró a su secretario particular como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa
La gobernadora priista de Sonora nombró como fiscal anticorrupción a un perfil ligado al PRI, a pesar de la oposición panista
En el Estado de México, el gobernador nombrará a los magistrados que castigarán la corrupción y el Congreso local solo los ratificará
La ciudadanía se hizo escuchar en algunas entidades arrebatándole a los gobernadores la posibilidad de controlar el mecanismo para investigar actos de corrupción
En Baja California se hará una convocatoria pública para el cargo de fiscal anticorrupción, un comité de diputados y ciudadanos evaluará perfiles

Hasta ahora, Chihuahua es el único estado que está en falta. Apenas el 5 de julio el gobernador Javier Corral presentó la iniciativa al Congreso local; seis días después, el 11 de julio, el Legislativo pospuso la creación del SEA, sin que hasta hoy haya sido aprobada la reforma a la Constitución del estado.

Los más atrasados, junto con Chihuahua, eran los estados de Campeche y Tabasco, cuyos congresos aprobaron ya la creación de sus sistemas anticorrupción la semana pasada.

En todos los demás estados, el camino legislativo del SEA ha ido avanzando; aunque las fallas podrían estar en la operación de esos sistemas.

Aunque debían seguir un modelo establecido en la Constitución Política mexicana, en ejercicio de su soberanía cada entidad pudo establecer las reglas con que operará su propio Sistema.

La construcción del andamiaje contra la corrupción quedó en manos de los congresos estatales, conformados por diputados de los diferentes partidos políticos. Y aunque en la mayor parte de los casos la sociedad civil pudo participar enviando propuestas, al final los legisladores tuvieron la última palabra.

A partir de que hayan sido aprobadas todas las reformas legales, cada congreso estableció el tiempo en que deberán empezar a funcionar los órganos de su sistema, como el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana y otros. No en todos los estados comenzará a operar al mismo tiempo.

En algunas entidades, la aprobación de su Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) se convirtió también en una lucha entre el Congreso y el Ejecutivo para evitar una intervención indebida; en otras, el mandatario en turno consiguió establecer criterios que le dan ventaja.

Eso sí, en todos los casos, desde la sociedad civil se ha impulsado el tema del combate a la corrupción.

Tanto organizaciones civiles como el sector empresarial, especialmente la Coparmex, han participado con propuestas y observaciones sobre lo que debería contener o no el SAE de su entidad.

¿Combate simulado?

En algunos estados se han prendido los focos rojos por la forma en que se ha construido o cómo se han puesto en operación algunas piezas de los sistemas locales de combate a la corrupción, sobre todo en los nombramientos de quienes deben perseguir y castigar a los corruptos.

Un caso emblemático es el de Nayarit, cuya administración estatal encabezada por el gobernador Roberto Sandoval Castañeda, está en jaque desde que Edgar Veytia, fiscal del estado, fuera detenido en Estados Unidos por el delito de narcotráfico.

A ello se sumaron diversas denuncias por enriquecimiento ilícito y otros delitos de que se acusa a Sandoval.

Aunque todos los escándalos estallaron este año, Roberto Sandoval quiso blindarse desde noviembre del año pasado al nombrar a su secretario particular, Raymundo García Chávez, como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa en Nayarit, la instancia donde se juzgará a quienes cometan delitos de corrupción.

García Chávez no era solamente secretario particular del gobernador, sino suplente del senador Manuel Cota, quien fuera candidato del PRI a la gubernatura.

Cuando Cota pidió licencia a principios de este año para convertirse en candidato, García Chávez dejó el Tribunal de Justicia Administrativa para incorporarse al Senado.

En abril pasado, mientras García Chávez era senador, en Nayarit estalló un escándalo por la revelación de un audio donde se escucha al hoy exrector de la Universidad Tecnológica, Alejandro Fonseca Díaz, decir que García Chávez financiaba campañas políticas a cambio de quedarse con obras públicas y, además, que era prestanombres del exfiscal Veytia.

Nada pasó. Desde el Senado, García Chávez negó las acusaciones; y Roberto Sandoval, el gobernador, corrió al rector de la UT y ordenó una investigación en su contra.

El 21 de junio pasado, Cota volvió a su escaño, con lo que el magistrado pudo regresar al Tribunal. Raymundo García Chávez fue nombrado magistrado por 10 años, por lo que estará hasta el 2026 juzgando delitos de corrupción.

Otro ejemplo es el Estado de México, donde en la nueva Ley quedó establecido que el nombramiento de los magistrados que castigarán los delitos de corrupción serán nombrados por el gobernador y solo se requiere la aprobación del Congreso local.

Los magistrados Gerardo Lara García, Rafael González Oses, Teresa de Jesús Martínez Ibáñez, América Elizabeth Trejo de la Luz, Claudio Gorostieta Cedilla, Arlem Siu Jaime Merlos y Lydia Elizalde Mendoza, fueron nombrados recientemente por el gobernador y aprobados por el Congreso.

Sin embargo, de ellos, al menos Gerardo Lara, América Trejo y Rafael González han trabajado muy de cerca a los gobiernos priistas.

En la entidad mexiquense, el fiscal anticorrupción será nombrado por el fiscal general del estado –que es nombrado por el gobernador-. Para la designación, solo tiene que dar vista al Congreso local, que tendrá 10 días hábiles para impugnarlo… pero debe hacerlo con las dos terceras partes de los votos.

Y esa designación ha caído en un exfuncionario de la Presidencia de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Se trata de José de la Luz Díaz Correa, un abogado que en una parte de este sexenio trabajó como titular del Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

En Sonora, en donde la gobernadora priista Claudia Pavlovich ha tenido como bandera de gobierno el combate a la corrupción y cuyas investigaciones han llevado al exgobernador Guillermo Padrés a prisión, también hubo un escándalo por el nombramiento de funcionarios anticorrupción cercanos al PRI.

 
 

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