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SNA: Resistencia civil

Este miércoles arranca el Sistema Nacional Anticorrupción y lo hará entre severas críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil por el retraso en los nombramientos en el Senado y el fuerte rezago que existe en los estados en el proceso de implementación del SNA

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A dos días de que el SNA deba operar, el Senado ha fallado en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
En ejercicio de su soberanía, cada entidad fijará las reglas con que operará su propio Sistema; Chihuahua es el estado más atrasado en su implementación
En algunas entidades, la aprobación del Sistema Estatal Anticorrupción se convirtió en una lucha entre el poder Ejecutivo y el Legislativo para evitar una intervención indebida
Aunque el sistema está listo para castigar la corrupción, algunos gobernadores han designado en los órganos de justicia a personajes cercanos
El gobernador de Nayarit nombró a su secretario particular como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa
La gobernadora priista de Sonora nombró como fiscal anticorrupción a un perfil ligado al PRI, a pesar de la oposición panista
En el Estado de México, el gobernador nombrará a los magistrados que castigarán la corrupción y el Congreso local solo los ratificará
La ciudadanía se hizo escuchar en algunas entidades arrebatándole a los gobernadores la posibilidad de controlar el mecanismo para investigar actos de corrupción
En Baja California se hará una convocatoria pública para el cargo de fiscal anticorrupción, un comité de diputados y ciudadanos evaluará perfiles

Las organizaciones de la sociedad civil que a nivel federal han impulsado la creación y el arranque del SNA, lanzarán hoy una nueva campaña para continuar empujando la lucha contra la corrupción en el país.

Con el lema #VamosPorMás, organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Transparencia Mexicana, y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), entre otras, lanzarán una segunda cruzada por las reformas y nombramientos que falta concretar.

“Seguimos en la lucha contra la corrupción. Quienes pretenden debilitar al SNA sabrán que está batalla no la abandonamos. Nosotros #Vamospormás”, escribió Coparmex en su cuenta de Twitter.

Esta nueva campaña llega a unas horas de que el SNA entre en operación y lo haga de forma incompleta, ante el incumplimiento del Senado en el nombramiento del fiscal anticorrupción y los magistrados el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Y no solo han expresado su inconformidad por el retraso en el nombramiento, sino por la forma en que se han realizado algunos procesos sobre el asunto.

En enero pasado, estas organizaciones pidieron al presidente Enrique Peña Nieto y al Congreso de la Unión que fueran transparentes en el debate de los nombramientos.

Sin embargo, en el proceso de evaluación de los aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción, las 13 organizaciones civiles que realizaban la labor de acompañamiento con el Senado decidieron retirarse por considerar que se trataba de un proceso opaco y dominado por los partidos políticos, que se negaban a impulsar una fiscalía autónoma e independiente. Calificaron a la labor que se hacía como “un acto de mera simulación”.

Incluso, algunos aspirantes, como el prominente académico Miguel Sarre, abandonaron la contienda por considerar que el modelo de Fiscalía anticorrupción sería inservible tal cómo está en el papel.

Sin embargo, para cumplir con el requisito legal de la participación de la sociedad civil, el Senado se hizo acompañar de otras organizaciones, activistas y académicos, entre los que se encontraba Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE, quienes estuvieron presentes mientras se evaluaba a los 23 aspirantes a la Fiscalía restantes.

Al final, en el mes de marzo, el comité de acompañamiento dio la recomendación de cuatro aspirantes que, en su criterio, cumplían los requisitos; uno de ellos renunció a su aspiración, por lo que solo quedaron tres.

Los senadores señalaron que la opinión del comité no es vinculante, por lo que solo se usaría como referencia para un posible nombramiento, que recaería en la Junta de Coordinación Política; es decir, en los coordinadores parlamentarios de las bancadas.

Esto despertó la indignación de estas organizaciones de la sociedad civil que, finalmente, también renunciaron la semana pasada a “acompañar” al Senado.

Los activistas han reclamado que, por si todo esto fuera poco, no se han dado recursos económicos para la operación del SNA.

Así, el Legislativo y el Ejecutivo han dinamitado su relación con las organizaciones de la sociedad civil, que han acusado múltiples obstáculos para el combate a la corrupción, pero han refrendado -y hoy lo harán de nuevo- que ésta es la cruzada en la que tienen puestos todos sus esfuerzos.

Entre rezago y señalamientos

Este miércoles deberá estar en pleno funcionamiento el Sistema Nacional Anticorrupción tanto a nivel federal como estatal. Sin embargo, algunos estados se han encargado de secuestrar la cruzada contra la corrupción, sea por omisión o por acción.

Mientras algunas entidades ni siquiera han aprobado la legislación necesaria para arrancar con su Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), en otras todo apunta a que el combate a la corrupción no será más que una simulación, pues han sido nombrados para esta tarea personas cercanas a gobernadores o, incluso, relacionadas con delitos de corrupción.

En el discurso, el combate a la corrupción es una de las prioridades de todos los poderes y de los tres niveles de gobierno; la realidad, sin embargo, es otra.

Los congresos estatales tomaron el plazo del 19 de julio para aprobar toda la legislación anticorrupción. Tuvieron que trabajar en la reforma a su Constitución local y las leyes secundarias para reglamentar la operación del Sistema y cambios en órganos de procuración de justicia y tribunales.

Para su aprobación, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) tuvo que sortear numerosas trabas y presiones en el Congreso de la Unión.

Una vez aprobada y promulgada por el Ejecutivo, la batalla no ha cesado: uno tras otro, la clase política parece poner obstáculos para que el Sistema no entre en operación.

Aún ahora, a dos días de que el SNA tiene que operar, el Senado ha fallado en el nombramiento del fiscal anticorrupción y de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que tuvo que habilitar provisionalmente una de sus salas regionales para que juzgue los delitos de corrupción.

Esto ocurre en medio de varios escándalos de corrupción que han sacudido al país y a varios estados y que, incluso, han llevado a algunos exgobernadores a prisión o son buscados por varios delito.

La cruzada anticorrupción que impulsa la sociedad civil está por entrar en una nueva etapa, en la que intentarán convencer a los incrédulos de que, si no se combate el problema, tarde o temprano causará mucho más que pérdidas económicas.

La clase política se juega en esto su credibilidad y su capacidad de gobernar; la ciudadanía, su bienestar y calidad de vida.

La construcción en cada estado

Al ser creado el SNA, que opera a nivel federal, se estableció que los estados debían crear sistemas locales de combate a la corrupción a más tardar el 19 de julio de este año.

 
 

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