Sin sintonía
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgó el primer título de concesión a una radio comunitaria para usar y aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico bajo el régimen de Uso Social Indígena.
Sin embargo, algunos coordinadores de estaciones de estas radiodifusoras en el país dudan que esa decisión traiga beneficios colectivos.
En la misma sesión en donde el IFT avaló la concesión, también autorizó dos títulos bajo el régimen de Uso Social Comunitario, para estaciones de radio pertenecientes a los Pueblos Mixe, Mixteco y Zapoteco.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgó el primer título de concesión a una radio comunitaria para usar y aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico bajo el régimen de Uso Social Indígena.
Sin embargo, algunos coordinadores de estaciones de estas radiodifusoras en el país dudan que esa decisión traiga beneficios colectivos.
En la misma sesión en donde el IFT avaló la concesión, también autorizó dos títulos bajo el régimen de Uso Social Comunitario, para estaciones de radio pertenecientes a los Pueblos Mixe, Mixteco y Zapoteco.
Con estos son ocho títulos de concesión a radios comunitarias que, bajo el régimen de Uso Social Comunitario, ya difunden programación cultural “dentro de la norma” a favor de 48 municipios de Chiapas, 29 de Guerrero, 164 de Oaxaca, 61 de Puebla y 54 de Veracruz.
La medida del Gobierno federal se observa con reserva por parte de algunos promotores, pues dudan que los títulos de concesión ayuden a fortalecer la presencia de esas radios en sus localidades sin desvirtuar el objetivo bajo el que nacieron: servir sin intereses comerciales a la difusión de la identidad cultural.
Pedro Victoriano Cruz, de la radio “Xiranhua Kuskua” de la Meseta Purépecha en Michoacán, detalla que, en lo que sí podría ayudar la entrega de esto títulos de concesión es en sacar a las radios comunitarias del estado de criminalización en el que las ha colocado la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT).
Datos de la PGR revelan que solo en los últimos cuatro años la CIRT ha interpuesto 25 denuncias penales contra estaciones de radio que transmitían sin permiso del Gobierno federal.
De ahí en fuera, Cruz no augura más beneficios. Al contrario, señala que el título de concesión vendría a afectar a muchas estaciones de radio comunitaria que nacieron con el espíritu de servicio a la comunidad, y ahora estarían en posibilidad de comercializar sus espacios de transmisión.
“Porque, por legislación, el Gobierno federal tendrá acceso a los tiempos de transmisión de las radios independientes para difundir sus programas de gobierno de manera gratuita”, detalla Cruz.
En México no existe un registro oficial sobre el número de estaciones de radio comunitarias e indígenas que transmiten sin permiso, pero estimaciones de la organización civil Compañeros Internacional de Periodistas y Editores (Conape), estiman que operan al menos 832.
Una alternativa de comunicación
La mayor parte de las estaciones de radio comunitarias que no cuentan con registro se ubican en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Nayarit, donde las comunidades indígenas optan por ese medio de comunicación como una alternativa para difundir programas culturales y de preservación de la identidad regional.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones –a través de un comunicado oficial– estimó que las concesiones de uso social indígena que otorgó abrirán brecha al permitir a grupos indígenas servicios de telecomunicaciones la promoción, desarrollo y preservación de sus lenguas y su cultura.
Pero esa visión no es compartida por Alejandro González Peralta, de las estaciones comunitarias de radio “Coatl” y “Hermanos Serdán”, que trasmiten para cinco municipio de Puebla.
González Peralta dijo que el permiso federal a una estación de radio comunitaria es el aval para que comercialice sus transmisiones, lo que pone el riesgo los proyectos culturales y sociales que enarbolan los que buscan espacios independientes.
Pedro Victoriano Cruz, lo secunda.
Para él, los permisos de concesión que podría comenzar a otorgar el Gobierno federal podrían contaminar la esencia bajo la que nacieron algunas estaciones de radio independientes, como en Cherán, en donde se pretende alejar a los partidos políticos de la vida comunitaria.
Con esos permisos, indicó Cruz, se podrán difundir las campañas políticas de todos los partidos y sus candidatos, incluyendo la difusión preelectoral que hace el Instituto Nacional Electoral (INE) en cada proceso.
“Lo que sería a la fuerza y sin ningún tipo de retribución económica para la estación de radio comunal”, detalló.
Limitan la libertad
Para el activista de radios comunitarias y defensor de derechos indígenas, Alejandro González Peralta, en México no debería haber concesiones para la transmisión de programas de radio.
González Peralta asume que esas concesiones son la principal limitante para el uso de la libertad de expresión.
“Es restringida por el Estado a través del monitoreo de los contenidos, aun cuando se trata solo de difusión cultural indígena”, asegura.
Para el coordinador de las radios comunitarias “Coatl” y “Hermanos Serdán” –que se escuchan en los municipios del sureste de Puebla con una audiencia de más de 130 mil personas– los permisos que podría comenzar a otorgar el IFT, solo vendrán a prostituir a las estaciones comunitarias, al permitirles la comercialización de sus transmisiones.
Y se podrá difundir no solo la información a la que rehúyen las comunidades indígenas.
Desmantelan radios comunitarias
Para el vicepresidente de Relaciones Internacionales de Conape, Macario Ramos, la criminalización de las radios comunitarias en México continúa.
Ramos detalló que en marzo de este año, la PGR hizo el desmantelamiento de cuatro radios comunales. El más reciente, dijo, fue a petición de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, que solicitó a la PGR un operativo sobre las estaciones emisoras La Máxima 107.9, La Perla de la Mixteca 96.5 FM, La Tlaxiaqueña 91.5 FM y Radical Stereo 98.3FM, todas en el estado de Oaxaca.
El argumento de PGR fue que las estaciones de radio estaban operando en frecuencias no autorizadas por el Gobierno federal.
Las emisoras dijeron que realizaban una labor social sin intenciones de lucro, haciendo solo transmisiones de corte cultural y de fomento a la comunicación entre los pueblos indígenas, pero no fue tomado en cuenta.