Cuando hace 12 años los mexicanos votamos mayoritariamente por el cambio, apostamos todo por el PAN.
La promesa que nos vendieron fue que viviríamos gobiernos menos corruptos, más transparentes y menos impunes que con el PRI.
Pero dos sexenios fueron suficientes para demostrar que no fue así. Y que una vez instalados en Los Pinos, con el poder en la mano, los presidentes albiazules mostraron su verdadero rostro.
Ni Vicente Fox fue el vaquero democrático y reformador, ni Felipe Calderón fue el hijo desobediente que venía a cristalizar el sueño fundacional de sus padres.
Las casas de juego son un ejemplo más que claro de la hipocresía de un partido que se persignaba con la derecha, pero que cobraba con la izquierda.
Cuando Fox se hizo de la presidencia, las casas de juego eran marginales. Acaso algunos casinos casi fronterizos y un par de hipódromos comandados por Jorge Hank Rhon, José María Guardia y Justo Fernández.
Ni esperanza entonces que centros urbanos como la ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, vieran masivamente en sus principales avenidas las luces de neón invitando a los juegos de azar.
Pero los panistas fueron descubriendo que detrás de los permisos de loterías, bingos, carreras de caballos y sobre todo de casinos, existía una mina de oro.
Se podían hacer jugosos negocios al amparo del favor de los permisos, sin tener que pasar por el pecado de tocar los dineros públicos.
Y no es coincidencia que los dos sexenios panistas –el de Fox y el de Calderón– cerraron con escándalos relacionados con permisos para abrir salas de apuestas, otorgados días antes, e incluso horas antes de concluir sus gobiernos.
Nunca olvidaremos los cientos de permisos de casinos que se otorgaron desde la Secretaría de Gobernación de Santiago Creel, incluso bajo la mesa, incluso a familiares, al terminar el sexenio foxista.
Y ahora confirmamos que en los últimos minutos del sexenio calderonista también se expidieron permisos para apuntalar los apetitos económicos de las mafias incrustadas en Gobernación.
Durante 12 años, y a pesar de las denuncias, ambos presidentes panistas se hicieron de la vista gorda en el crecimiento de la industria del juego de azar y sus consecuencias colaterales.
Era un absurdo que por la puerta del frente los panistas reclamaran el alza en la violencia y en el crimen organizado a través de los cárteles, mientras que por la de atrás fomentaran el crecimiento de lo que era la Banca Negra de ese dinero mal habido. Es decir, fomentando sus lavanderías de dinero.
Por eso no extraña el escandaloso caso de Juan Iván Peña Neder, el jefe de asesores de Gobernación que tejió una compleja red para vender favores a casineros y terminó como dueño de uno de los conglomerados de apuestas.
Si de verdad buscáramos en los archivos de los sexenios panistas, sin duda encontraríamos media docena de Juanes Ivanes que convirtieron a Bucareli y los permisos de juego en su modus vivendi y en su modus operandi.
El gobierno de Enrique Peña Nieto tiene la oportunidad de reivindicar para los ciudadanos el derecho a limpiar las urbes mexicanas de casas de juego.
De revertir la espiral perversa en el maridaje entre el dinero sucio y el boom de los casinos. De volver a los días en que las casas de apuestas eran fronterizas y playeras. Para turistas.
Por lo pronto el nuevo gobierno está obligado a esclarecer el tráfico de favores y permisos en Gobernación. Y a hacer justicia sobre aquellos que hoy fincan su reputación política y económica en dinero traficado a expensas de ludópatas y cárteles.
La lamentable experiencia que con esto nos queda a los mexicanos es que le apostamos a los panistas, y perdimos.









