No habrá desbandada de reos por el NSJP, advierte especialista
Los gobernadores de algunas entidades del país ante la falta de rigurosidad en las investigaciones por parte de sus procuradurías han lanzado un discurso amenazante en el que responsabilizan al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) por la salida de reos de sus cárceles sin control, al no tener pruebas suficientes para declararlos culpables. La especialista del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), Samah
Indigo Staff
Los gobernadores de algunas entidades del país ante la falta de rigurosidad en las investigaciones por parte de sus procuradurías han lanzado un discurso amenazante en el que responsabilizan al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) por la salida de reos de sus cárceles sin control, al no tener pruebas suficientes para declararlos culpables.
La especialista del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), Samahanta Paredón, advierte que no habrá una desbandada de reos y que la propuesta de traer la prisión preventiva como una medida única cautelar sería un retroceso a lo logrado hasta el momento por este nuevo esquema.
En días recientes, la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió un recurso entre dos tribunales colegiados que sostenían una discusión sobre si los beneficios del NSJP podían ser aplicados a los acusados en el anterior modelo que permanecen en prisión preventiva en la Ciudad de México.
Leer más: La contrarreforma que viene
Una de las diferencias entre el NSJP acusatorio con el sistema anterior, es la prisión preventiva como una medida cautelar sólo en ciertos casos y se determina después de pasar por un proceso de análisis que debe realizar una Unidad de Medidas Cautelares. Dicha unidad debe examinar si la parte acusada puede dañar a la víctima, si las pruebas pudieran llegar a ser desaparecidas o si el acusado tiene la posibilidad de fugarse; de cumplirse estas condiciones, el encarcelamiento preventivo sería necesario.
Por eso mismo, la decisión de la Suprema Corte confirmó el beneficio del Nuevo Sistema a los solicitantes de revisión de su proceso, que estuvo basada en los decretos aprobados en junio de 2008 e implementados como fecha límite en toda la República en junio de 2016.
El pasado viernes 7 de julio, el gobernador capitalino Miguel Ángel Mancera fue claro en su discurso ante la resolución de la SCJN: “La expectativa con esa determinación es que pudieran salir hasta 4 mil personas, cuando menos de prisión. Entonces ante eso habrá que prepararse la sociedad y esta es una buena vía, este es un buen camino, el camino de la prevención”.
La interpretación con la declaración de Mancera fue que la SCJN abriría la puerta a las personas que solicitaran que se revisara su estancia en prisión; sin que eso significara que quedaran eximidos de continuar con su proceso.
“El discurso de Mancera es alarmante, de amenaza y peligrosidad. Sin embargo, no significa que estas personas salgan de un momento a otro de prisión. Se trata de que ejerzan un derecho. Cuando alguien está en prisión preventiva puede solicitar una audiencia de revisión, y eso implica tiempo para analizar las pruebas y dictaminar si se continúa en prisión o si se permite la libertad bajo ciertas condiciones”, agrega Paredón.
Gobernadores buscan contrarreforma
Además de Mancera, los gobernadores de Durango, Hidalgo, Querétaro y Nuevo León se han pronunciado en contra de que la prisión preventiva no sea vista como una figura de imposición posterior a un análisis o sustituida por otras medidas: como no estar cerca de las víctimas o acudir a firmar de manera periódica para constatar que no se ha fugado el acusado. Por lo anterior, los mandatarios estatales han sugerido reformar el Nuevo Sistema.
“Los gobernadores, en el caso de Mancera, hay un aprovechamiento del momento político, debido a la cercanía de la elección en 2018. Sin embargo, para ellos es más fácil acusar al NSJP de la falta de justicia cuando no se hacen las investigaciones debidas”, enfatiza Paredón.
El tema fue tocado en la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) celebrada el lunes en la Ciudad de México y de la que Mancera Espinosa es presidente. Ahí el mandatario se pronunció de nueva cuenta contra el NSJP afirmando que hay “cosas que no están funcionando”.
Uno de los temas que más preocupan a los gobernadores, en especial a José Rosas Aispuro, de Durango, es que el delito de portación de arma de fuego, no amerita la prisión preventiva.
El magistrado de la SCJN, José Ramón Cossío Díaz, ha hecho mención de que el Código de Procedimientos Penales ha sido laxo en ese sentido, en el que en su artículo 167 no se estipula que la portación de armas sea motivo de prisión, así el responsable lleve consigo un arma de bajo, grueso calibre o un lanzagranadas.
Ante ello, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, se ha manifestado en coincidencia con Cossío en el tema de la portación de armas.
“El caso de Renato Sales recae en una contradicción, porque el NSJP señala a su Comisión como la responsable de crear una Unidad de Medidas Cautelares, justo para hacer la revisión de los casos de portación de armas u otros delitos, misma que a la fecha no ha sido construida. No puede pronunciarse contra el Nuevo Sistema si no lo está acatando”, señala la abogada Paredón.
La especialista concluye en que el Nuevo Sistema tiene sus ventajas, pues quita la prisión como una medida extrema en la que se agota la justicia luego de que el probable responsable está encerrado y los órganos garantes de justicia relajan sus procesos.
“Casos como el de Yucatán, o el de Morelos, que cuentan con su Unidad de Medidas Cautelares, muestran que un alto índice de personas en un proceso juridico acuden a firmar cada periodo ante la autoridad y son responsables con su libertad bajo condicionantes. Este es un sistema que exige que los funcionarios hagan el trabajo que les corresponde”, finaliza Samahanta Paredón.
Los gobernadores de algunas entidades del país ante la falta de rigurosidad en las investigaciones por parte de sus procuradurías han lanzado un discurso amenazante en el que responsabilizan al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) por la salida de reos de sus cárceles sin control, al no tener pruebas suficientes para declararlos culpables.
La especialista del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), Samah
Indigo Staff
Los gobernadores de algunas entidades del país ante la falta de rigurosidad en las investigaciones por parte de sus procuradurías han lanzado un discurso amenazante en el que responsabilizan al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) por la salida de reos de sus cárceles sin control, al no tener pruebas suficientes para declararlos culpables.
La especialista del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), Samahanta Paredón, advierte que no habrá una desbandada de reos y que la propuesta de traer la prisión preventiva como una medida única cautelar sería un retroceso a lo logrado hasta el momento por este nuevo esquema.
En días recientes, la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió un recurso entre dos tribunales colegiados que sostenían una discusión sobre si los beneficios del NSJP podían ser aplicados a los acusados en el anterior modelo que permanecen en prisión preventiva en la Ciudad de México.
Leer más: La contrarreforma que viene
Una de las diferencias entre el NSJP acusatorio con el sistema anterior, es la prisión preventiva como una medida cautelar sólo en ciertos casos y se determina después de pasar por un proceso de análisis que debe realizar una Unidad de Medidas Cautelares. Dicha unidad debe examinar si la parte acusada puede dañar a la víctima, si las pruebas pudieran llegar a ser desaparecidas o si el acusado tiene la posibilidad de fugarse; de cumplirse estas condiciones, el encarcelamiento preventivo sería necesario.
Por eso mismo, la decisión de la Suprema Corte confirmó el beneficio del Nuevo Sistema a los solicitantes de revisión de su proceso, que estuvo basada en los decretos aprobados en junio de 2008 e implementados como fecha límite en toda la República en junio de 2016.
El pasado viernes 7 de julio, el gobernador capitalino Miguel Ángel Mancera fue claro en su discurso ante la resolución de la SCJN: “La expectativa con esa determinación es que pudieran salir hasta 4 mil personas, cuando menos de prisión. Entonces ante eso habrá que prepararse la sociedad y esta es una buena vía, este es un buen camino, el camino de la prevención”.
La interpretación con la declaración de Mancera fue que la SCJN abriría la puerta a las personas que solicitaran que se revisara su estancia en prisión; sin que eso significara que quedaran eximidos de continuar con su proceso.
“El discurso de Mancera es alarmante, de amenaza y peligrosidad. Sin embargo, no significa que estas personas salgan de un momento a otro de prisión. Se trata de que ejerzan un derecho. Cuando alguien está en prisión preventiva puede solicitar una audiencia de revisión, y eso implica tiempo para analizar las pruebas y dictaminar si se continúa en prisión o si se permite la libertad bajo ciertas condiciones”, agrega Paredón.
Gobernadores buscan contrarreforma
Además de Mancera, los gobernadores de Durango, Hidalgo, Querétaro y Nuevo León se han pronunciado en contra de que la prisión preventiva no sea vista como una figura de imposición posterior a un análisis o sustituida por otras medidas: como no estar cerca de las víctimas o acudir a firmar de manera periódica para constatar que no se ha fugado el acusado. Por lo anterior, los mandatarios estatales han sugerido reformar el Nuevo Sistema.
“Los gobernadores, en el caso de Mancera, hay un aprovechamiento del momento político, debido a la cercanía de la elección en 2018. Sin embargo, para ellos es más fácil acusar al NSJP de la falta de justicia cuando no se hacen las investigaciones debidas”, enfatiza Paredón.
El tema fue tocado en la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) celebrada el lunes en la Ciudad de México y de la que Mancera Espinosa es presidente. Ahí el mandatario se pronunció de nueva cuenta contra el NSJP afirmando que hay “cosas que no están funcionando”.
Uno de los temas que más preocupan a los gobernadores, en especial a José Rosas Aispuro, de Durango, es que el delito de portación de arma de fuego, no amerita la prisión preventiva.
El magistrado de la SCJN, José Ramón Cossío Díaz, ha hecho mención de que el Código de Procedimientos Penales ha sido laxo en ese sentido, en el que en su artículo 167 no se estipula que la portación de armas sea motivo de prisión, así el responsable lleve consigo un arma de bajo, grueso calibre o un lanzagranadas.
Ante ello, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, se ha manifestado en coincidencia con Cossío en el tema de la portación de armas.
“El caso de Renato Sales recae en una contradicción, porque el NSJP señala a su Comisión como la responsable de crear una Unidad de Medidas Cautelares, justo para hacer la revisión de los casos de portación de armas u otros delitos, misma que a la fecha no ha sido construida. No puede pronunciarse contra el Nuevo Sistema si no lo está acatando”, señala la abogada Paredón.
La especialista concluye en que el Nuevo Sistema tiene sus ventajas, pues quita la prisión como una medida extrema en la que se agota la justicia luego de que el probable responsable está encerrado y los órganos garantes de justicia relajan sus procesos.
“Casos como el de Yucatán, o el de Morelos, que cuentan con su Unidad de Medidas Cautelares, muestran que un alto índice de personas en un proceso juridico acuden a firmar cada periodo ante la autoridad y son responsables con su libertad bajo condicionantes. Este es un sistema que exige que los funcionarios hagan el trabajo que les corresponde”, finaliza Samahanta Paredón.