El pasado 26 de septiembre, en la reunión de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, un tema espinoso se puso sobre la mesa. 

El representante de la bancada del Partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, refrendó la importancia de dar trámite al punto de acuerdo relativo a crear una comisión de investigación para dar seguimiento al denominado caso Monex.

Su propuesta fue secundada por Silvano Aureoles y Alberto Anaya, coordinadores de las bancadas del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, respectivamente.

En el cónclave estuvieron presentes los otros coordinadores parlamentarios en San Lázaro: el albiazul Luis Alberto Villarreal García, presidente de la Junta; el priista Manlio Fabio Beltrones; Arturo Escobar, del PVEM, y Lucila Garfias González de Nueva Alianza. Y también el perredista Miguel Álonso Raya, entre otros diputados.

Apenas un día antes el Frente Legislativo Progresista (PRD-PT-MC) había planteado ante el pleno de la Cámara baja la iniciativa de crear una comisión que se aboque a investigar y dar seguimiento a las presuntas irregularidades financieras detectadas durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, actual presidente electo. 

A esta moción se sumaron algunos legisladores albiazules. Fernando Rodríguez Doval confirmó que Acción Nacional sumaría apoyos para que la comisión se pudiera constituir.

Argumentó que desde antes de las elecciones del 1 de Julio pasado el partido azul fue el primero en denunciar –a través de Rogelio Carbajal, representante del PAN ante el IFE– el uso de tarjetas Monex en el proceso electoral.

Rodríguez Doval precisó a Reporte Indigo:

“Nosotros presionamos en el IFE para que la autoridad pudiera resolver antes de que se declarara la validez de la elección. Finalmente esto no fue posible pero la autoridad está obligada a llegar hasta las últimas consecuencias del asunto, sancionar al PRI en caso de que se comprueben los delitos que estamos señalando y, en ese sentido, vemos bien la constitución de esta comisión de investigación”.

Sin embargo, en el petit comité de la Junta de Coordinación Política ese miércoles, la representación albiazul se mantuvo a la expectativa. Sin decir esta boca es mía.

Quien sí habló, haciendo gala de su elocuente estilo, fue Beltrones. Enfatizó que tal propuesta resultaba improcedente. Fuentes off the record cuentan que, irónico, Manlio habría soltado: por qué no crear mejor diez comisiones, para que así el órgano legislativo funja como una agencia del Ministerio Público.

En el marco de ese ambiente de tensión disimulada, el poderoso líder tricolor dio una salida al tema. Propuso que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados determinara la factibilidad de crear o no esta comisión.

Su iniciativa la secundaron el PVEM, el Panal y el PAN.

Reporte Indigo tuvo acceso a la opinión emitida por esta dirección jurídica. Ahí se argumenta que la constitución de esta comisión de investigación es improcedente. Tal y como anticipó Beltrones.

En el comunicado emitido por la dirección a cargo de Juan Alberto Galván Trejo emite la siguiente conclusión:

“La Cámara de Diputados estaría impedida para conformar una Comisión de Investigación en los términos propuestos debido a que el tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución prevé la investigación de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, y los entes a investigar no tienen dicha naturaleza salvo la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros”.

La reunión que hoy sostendrán los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados se anticipa tensa y complicada. 

Desde que el 1 de octubre el Frente Legislativo Progresista se enteró que la respuesta de la Dirección Jurídica les será adversa, se encuentran explorando salidas alternativas para que no se deseche la petición de crear una comisión que esclarezca el caso Monex.

Las izquierdas buscarán subir al pleno el tema mañana martes. Cosa que entrañaría mucha incomodidad. Especialmente porque dejaría a varios legisladores descobijados respecto a su verdadera postura en el tema.

Mas se prevé que la discusión no escalará al pleno y quedará sepultada en la propia Junta de Coordinación Política.

La primera opción de la Junta será declarar notoriamente improcedente la petición.

Un segundo escenario es que la discusión al interior de la Junta se complique tanto que el presidente de la Junta conviniera, por sus atribuciones, someterla a votación nominal. 

Esta opción se vislumbra improbable. Aun así, determinante será la postura del panista Luis Alberto Villarreal García, quien preside la Junta de Coordinación Política, el máximo órgano de gobierno de la Cámara baja.

Argumentos y contraargumentos

Luego de la reforma política promovida por el ex presidente José López Portillo, en 1977 se incorporó la facultad del Congreso de la Unión de crear comisiones de investigación. 

Al adicionarse un párrafo tercero al artículo 93 constitucional, se aprobó que “las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.”