Mafia obtiene permisos exprés
La Segob notificó a la empresa de Entretenimiento de México (EMEX), propiedad de Arturo Rojas Cardona, que entraría en concurso mercantil.
En un lapso de dos días otorgó el permiso de EMEX a la empresa Producciones Móviles, ligada al exfuncionario de Gobernación Guillermo Santillán y a Exciting Games.
No le dieron tiempo a EMEX ni de responder.
En lo que denota una estrategia urgente y de poca transparencia, nuevamente aparece un panista del primer círculo del expresidente Felipe Calderón: Obdulio Ávila Mayo.
Armando EstropNo es fácil pelear los derechos adquiridos porque la Ley de Juegos y Sorteos no contempla esa figura. Los artículos 22 y 29 de esa normatividad registran la larga lista de requisitos
De acuerdo con cédulas de notificación, emitidas el 14 y 15 de agosto del 2012, el hermano y socio del dueño de EMEX, era el apoderado legal de los centros de apuestas
La Segob notificó a la empresa de Entretenimiento de México (EMEX), propiedad de Arturo Rojas Cardona, que entraría en concurso mercantil.
En un lapso de dos días otorgó el permiso de EMEX a la empresa Producciones Móviles, ligada al exfuncionario de Gobernación Guillermo Santillán y a Exciting Games.
No le dieron tiempo a EMEX ni de responder.
En lo que denota una estrategia urgente y de poca transparencia, nuevamente aparece un panista del primer círculo del expresidente Felipe Calderón: Obdulio Ávila Mayo.
Él, quien fungía como subsecretario de Gobernación, fue el que estuvo a cargo de esta operación “fast track”.
En rueda de prensa el pasado 15 de enero, el exfuncionario federal aseguró que la razón de esta medida fue resultado de que la empresa EMEX, que ostentaba los permisos originalmente, entró en concurso mercantil.
Detalló que la Ley de Juegos y Sorteos establece que se debe revocar el permiso al entrar en concurso mercantil, y de no hacerlo, hubieran incurrido en una falta con posibles consecuencias legales.
El exlíder del PAN en el Distrito Federal insistió en que los permisos no se otorgaron el último día de la administración de Felipe Calderón, como se publicó –lo que lo hizo oficial–en la página de internet de la Secretaría de Gobernación.
Señaló que fue hasta el 30 de noviembre que se subieron al sitio, pero que en realidad se otorgaron desde mediados de agosto.
“Las resoluciones del 15 de agosto solo reconocen 47 licencias ya autorizadas. Desconocer los derechos de las empresas mencionadas, Exciting Games y Producciones Móviles, podría traer como consecuencia, sanciones por concepto de responsabilidades administrativas y de daño patrimonial en contra de la Segob, o de los funcionarios que dejasen de actuar”, explicó hace una semana.
Nunca mencionó que solo un día antes, y también el día de la entrega del permiso, se notificó a los permisionarios que perderían la anuencia de la Segob para administrar casinos.
En dos cédulas de notificación, emitidas por Gobernación los días 14 y 15 de agosto, se establece que se avisó a Arturo Rojas Cardona, hermano y socio del dueño de EMEX, sobre el estatus en que entraba su empresa.
Tan solo un día antes, y el mismo día en que se entregó el permiso a otras dos empresas, se estaba notificando al permisionario original.
De acuerdo a los documentos, Arturo Rojas Cardona era el apoderado legal de los centros de apuestas y era a él a quien tenían que dar aviso.
Las cédulas de notificación están firmadas por Fernando de Jesús González, quien se identificó con la credencial oficial 597572 como parte del personal de la Dirección General de Juegos y Sorteos. Ambas tienen el logotipo de Segob y el escudo nacional en la parte superior derecha de la hoja.
Los avisos fueron recibidos, según consta, por David Alejandro Pesina Balleza, en el domicilio ubicado en Boulevard Picacho Ajusto número 140, Colonia Jardines de la Montaña, de la delegación Tlalpan.
Estas visitas, que se asegura se hicieron con cita previa, se derivaron de que la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Carlos Armando Reynoso Nuño, emitió un oficio para que fuera determinante el concurso mercantil a la empresa de los Rojas Cardona.
En el documento número DGAJS/SAAJ/1227/2012, de fecha 13 de agosto del 2012, se le enviaron cinco resolutivos a EMEX notificando de la decisión que se había tomado con respecto a su permiso.
“Téngase por acreditada la declaración de concurso mercantil en contra de Entretenimiento de México S.A. de C.V. en términos de lo previsto en el artículo 34 fracción IV, en relación con los diversos 147, fracción IV, 149, 151 fracción V, 152 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Así como en los incisos primero y quinto del permiso DGAJS/SCEVF/P-06/2005 otorgado el 25 de mayo del 2005 y, en mérito de las consideraciones expuestas en este concurso”, dice el primer resolutivo.
Sin embargo, de acuerdo a la versión del exsubsecretario de Gobernación, EMEX entró en concurso mercantil desde diciembre del 2011. Es decir, que la secretaría de Gobernación avisó ocho meses después a la empresa de su situación mercantil y de lo que por ley procedía.
“La empresa EMEX entra a concurso en el mes de diciembre del año pasado. Una causal para revocar el permiso contenida en la Ley Federal de Juegos y Sorteos es que sea declarado en concurso; esto se actualizó en el mes de diciembre.
La misma empresa decidió quiénes iban a ser sus operadoras y presentan durante más de un año una serie de solicitudes para que no les afecte la declaratoria de concurso mercantil, pidiendo que se reconozcan sus derechos porque cumplen con todos los requisitos.
“En consecuencia, haciendo alusión a una serie de precedentes judiciales, se les reconocen sus derechos, y por eso la resolución es del 15 de agosto”, detalló Obdulio Ávila en rueda de prensa.
El resolutivo tercero del oficio de la Segob es preciso al indicar que lo que se notifica es el inicio del procedimiento, y que el afectado cuenta con 15 días para exponer lo que le sea conveniente, en defensa de la medida adoptada.
“Para que en un término de 15 días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que estime conducentes, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, se declarará precluido su derecho de hacerlo”.
Sin embargo, dos días después de la expedición del oficio, ya el permiso era de otras empresas. En la rueda de prensa Ávila Mayo estuvo acompañado de Carlos Armando Reynoso Nuño, quien también aseguró que el concurso mercantil de EMEX procedía desde diciembre del 2011.
“En relación al tema de la declaratoria de concurso, esta se produjo mediante resolución definitiva el día 5 de diciembre del 2011.
“Esto trajo como consecuencia, lógicamente, que después se abran procedimientos de conciliación, pero, los extremos que se establecieron en la ley, en el reglamento como causal de revocación, la condición quinta del propio permiso establece que cuando una empresa o sus socios sean declarados en concurso, se incurre en la situación de la revocación del permiso y la extinción del mismo, por eso nos vimos obligados a iniciar el procedimiento administrativo”.
Pero el permiso no se extinguió. Se trasladó a otros permisionarios para seguir operando casinos en varios estados del país.
Derechos adquiridos
Talía Vázquez Alatorre, la abogada que destapó el escándalo de los permisos irregulares para casinos y su relación con los panistas del primer nivel de la administración de Felipe Calderón, ya había puesto el dedo sobre la llaga por la celeridad con la que actuó la Secretaría de Gobernación.
Desde hace una semana ha dicho que en un mes tres casinos, entre ellos el Grand de León, Guanajuato, ligado al diputado panista Ricardo Villarreal, generaron derechos adquiridos en un lapso de un mes, logrando convertirse en permisionarios.
Señaló que esa información la tiene porque la respondió la propia Secretaría de Gobernación en un oficio en el que daban la fecha de inicio de operación de los casinos a cargo de Producciones Móviles.
Se encuentra en un oficio en el expediente de la PGR y lo puede mostrar como prueba, de ser necesario.
“A principios de octubre del año pasado contesta la subsecretaría en la que estaba a cargo Obdulio, que el Casino Grand de León, el de Guadalajara y el Trípoli de Salamanca, operan desde el 15 de julio del 2012, porque les preguntan con qué aviso de apertura están esos casinos.
“Y el único aviso de apertura que tenemos, es del 15 de julio del 2012, y es que dicen que tenían años, por eso tenían derechos adquiridos, pero con Cadereyta, luego con Producciones Móviles y no tanto con EMEX.
“El caso es que el aviso se dio el 15 de julio, y el 15 de agosto, dice Obdulio Ávila, tenían derechos adquiridos. En un mes prescribieron un casino”.
¿Y el reglamento?
No es fácil pelear los derechos adquiridos porque la Ley de Juegos y Sorteos no contempla esa figura.
En el reglamento de la citada ley solo se contemplan los requisitos que debe cumplir una persona moral o una empresa para lograr ser permisionario de casinos en México.
En esos apartados no se menciona que los permisos sean transferibles, ni la posibilidad de que un permisionario pueda heredarlos.
Los artículos 22 y 29 de esa normatividad registran la larga lista de requisitos que se deben cumplir.
Son más de 20 los requerimientos que se deben entregar a la Secretaría de Gobernación de acuerdo al artículo 22. A cada uno de esos 22 requerimientos lo acompaña características especiales que se deben cumplir y que se establecen en otros artículos del reglamento.
Después, en el artículo 29 se enlistan otras de las obligaciones que debe cumplir quien recibe un permiso para mantenerlo.
Es decir, no es un trámite fácil ni expedito.
Todas las exigencias de Ley debieron haber sido cumplidas tanto por Exciting Games como por Producciones Móviles.
La entrega de documentación, estatus económico de los integrantes del consejo de administración, la acreditación de experiencia, la solvencia moral de los interesados y muchos otros requisitos que necesitan el aval de un notario público, debieron haber sido entregados antes de que concluyera el proceso legal que se llevaba en contra de EMEX.
Es decir que mientras todavía no existía una resolución definitiva, la secretaría de Gobernación debió haber dado trámite a la documentación de las empresas que se vieron beneficiadas.
Esto como si la dependencia y los funcionarios a su cargo supieran el sentido en el que se resolvería.
De otra manera no se podría explicar que en tan corto tiempo (24 horas) se otorgara un permiso para el que existen tantas exigencias.
